-La audiencia está fijada para las 10.00 horas en un juzgado federal de Miami-Florida. Estados Unidos ya dio su palabra en temas de corrupción y dice que la corrupción es de seguridad nacional.
Innovapress, 6 jun 2021.- El exministro, Arturo Murillo, comparecerá a las 10.00 horas de este lunes y es probable que lo haga ante el juez, Jonathan Goodman, el mismo que atendió el requerimiento fiscal y que aplicó el principio de “Pre-trial detention” que es una figura legal previo al juicio, pero que la abogada defensora, Julia Jefalinos, logró postergar. Tras el fallo, Murillo podría ser remitido a prisión por 20 años, aunque también podría darse el caso de que pague una fianza y salga libre.
La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Charisse Phillips, afirmó que para la justicia de ese país -sobre todo en temas de corrupción como es el lavado de dinero- es bastante severa para no dar curso a la extradición porque constituye un tema de seguridad nacional.
“Para el Gobierno de Estados Unidos combatir la corrupción es un tema de seguridad nacional, porque la corrupción mata y también roba la esperanza. Estamos trabajando en todo el mundo para prevenir, investigar y enjuiciar la corrupción internacional y para la administración del presidente Joe Biden, en este momento esta lucha es más importante que nunca porque la corrupción impide el desarrollo económico y demora la recuperación frente a la pandemia”, declaró.
“Es cierto, hay un convenio de extradición entre nuestros dos países, pero primero hay que cumplir con cualquier sentencia o sentencias, investigaciones en Estados Unidos, antes de ser expulsado o extraditado”, acotó la diplomática norteamericana.
El Departamento de Seguridad Nacional del Estados Unidos se querelló contra el exministro, bajo la sospecha de ser parte de una conspiración para recibir sobornos y lavar dinero, dos delitos federales de “alta gravedad”, del grupo de leyes que persiguen la corrupción.
La demanda está basada en los resultados de una investigación que se desarrolló durante 17 meses, entre noviembre de 2019 y abril de este año, e identificó la captación de $us 1,2 millones en efectivo y a través de transferencias electrónicas en Estados Unidos y Bolivia.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, adelantó que Murillo recibirá sentencia en Estados Unidos este 7 de junio, pero aclaró que eso no paraliza las investigaciones iniciadas en su contra en territorio nacional, aunque también podría pagar una fianza económica.
“Estamos continuando con una investigación de manera paralela del señor Murillo se va a definir su situación en el país del norte el 7 de junio, estaremos atentos, vamos a analizar y pedimos a través de la cooperación internacional que existan personas que puedan aportar mayores elementos de convicción. Caso contrario, que tuviéramos una respuesta negativa y le otorguen una fianza al señor Murillo, vamos a pedir su extradición”, explicó.
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el procurador Wilfredo Chávez ya está en Estados Unidos a fin de dar seguimiento a la audiencia de Murillo y asumir la defensa del Estado.
La semana pasada, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Jorge Quino, informó que el 2 de junio se remitió el exhorto suplicatorio a la Cancillería para el trámite de la extradición, sea cual sea la decisión de la justicia norteamericana.
El documento del Departamento de Justicia hace referencia al conocido “caso gases lacrimógenos” en Bolivia y confirma el pago de varios sobornos a favor de exfuncionarios del gobierno de Jeanine Áñez para garantizar que la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal por parte de los Ministerio de Gobierno y de Defensa se realicen a través de una empresa intermediara en Estados Unidos, la Bravo Tactical Solutions.
Arturo Carlos Murillo Prijic, 57, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, 51, Luis Berkman, 58, Bryan Berkman, 36 y Philip Lichtenfeld, 48, participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020.
Para promover el esquema de sobornos, Bryan Berkman, Luis Berkman y Lichtenfeld luego lavaron los pagos a funcionarios del gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia y organizaron el pago de $us 582,000 en efectivo para Murillo y Méndez, sostiene el informe del Departamento de Justicia estadounidense.
IP/MP
