La Paz, 26 de mayo de 2024
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Fiscalía admite juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez por muertes de Senkata y Sacaba en 2019

-Por los delitos de genocidio, lesiones graves y leves y lesiones seguidas de muerte.

Jeanine Áñez ante un posible juicio de responsabilidades por muertes de Senkata y Sacaba/ Foto: archivo digital

Innovapress, 5 jul 2021.- La Fiscalía General del Estado admitió este lunes la proposición acusatoria de juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez por los hechos de violencia y posterior muerte de más de 36 personas en Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019.

“La Fiscalía General del Estado admitió la proposición acusatoria en contra de Jeanine Añez Chávez por genocidio, lesiones graves y leves y lesiones seguidas de muerte durante las masacres de Senkata y Sacaba; confirma al Tribunal Supremo de Justicia que inició fase de acumulación de antecedentes”, informó el Ministerio de Justicia.

La resolución de admisión del Ministerio Público dirigidaq al Tribunal Supremo de Justicia señala que que se inició fase de acumulación de antecedentes, ya que esta entidad ejerce el control jurisdiccional en este tipo de casos.

El Ministerio de Justicia informó que la proposición acusatoria del 1 de julio de 2021 fue subsanada mediante memorial de 3 de julio y que se trabaja en el registro de “acumulación de antecedentes” del caso que involucra a la expresidenta.

“Hago conocer que se ha dado inicio a la fase de acumulación de antecedentes establecido en el artículo 14 de la Ley 044, en contra de: Jeanine Áñez Chávez, en su calidad de expresidenta del Estado Plurinacional de Bolivia”, detalla el documento.

En el documento de admisión, figuran representantes de las víctimas de los hechos de noviembre de 2019.

De acuerdo a procedimiento, para aprobar el juicio de responsabilidades a Áñez, la Asamblea deberá aprobar por dos tercios de votos, en lo que el principal partido en función de Gobierno, el MAS, carece de esa votación.

Paralelamente se tramitan otros tres juicios de responsabilidades, por un préstamo de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), la adjudicación irregular a la concesionaria Fundempresa y los decretos que aparentemente vulneraron la libertad de expresión.

IP/MP

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