-El Ministro de Defensa rindió informe en el Senado donde ratificó que los efectivos encaraban su misión de lucha contra el contrabando y que Chile magnificó el hecho como delincuencial. El sábado es la audiencia de medidas cautelares en la vía ordinaria.

Innovapress, 09 sep 2021.- La detención de tres militares bolivianos en territorio chileno provocó fricciones en la diplomacia bilateral con el vecino país, mientras que el Gobierno boliviano recurre a la vía diplomática para saldar el asunto, en Santiago consideran que hubo delito y postulan la vía ordinaria para procesar a los uniformados.

La madruga del miércoles cuatro militares fueron intervenidos por Carabineros chilenos cerca de Colchane (Chile) y Pïsiga (Bolivia) acusados de robo con portación de armas. Se trata de Jaime Herbas, Níger Ponce, José Bautista y Williams Alarcón quien resultó herido por un disparo en el antebrazo.

El jueves el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, rindió informe al pleno de la Cámara de Senadores donde ratificó que el caso de la detención de los militares bolivianos en Chile será resuelto por la vía diplomática, ya que, según la autoridad, los efectivos cumplían un trabajo de patrullaje contra el contrabando en esa región fronteriza.

“Debemos recurrir al entendimiento y razonamiento, a las normas diplomáticas de país a país para resolver y esclarecer este lamentable impasse. Nuestro Canciller está con todo un equipo está trabajando para que se pueda liberar a nuestros militares”, expresó.

Señaló que en Chile debe existir una “madurez diplomática” de parte de las autoridades chilenas para llegar a un acuerdo que no afecte las relaciones internacionales.

“Esperamos que las gestiones que hagan sean productivas y también consideramos que las autoridades chilenas con la diplomacia y la madurez y ante todo el razonamiento correcto que caracteriza podamos superar toda esta situación que se ha presentado”, puntualizó Novillo.

Para la oposición, este hecho, “sin duda, puede ocasionar un conflicto diplomático porque ya son reiterativas las ocasiones en que se cometen imprevistos e impertinencias de los militares en la lucha contra el contrabando con la vecina nación”, dijo el opositor Alberto Astorga (CC).

Sin embargo, el Estado chileno ya judicializó el caso y los militares permanecen detenidos mientras siguen las investigaciones. Este sábado hay audiencia de sentencia.

Las autoridades bolivianas enviaron una comisión de defensa legal a lugar del incidente en la frontera con Chile ante el Juzgado de Pozo Almonte, Tarapacá. La Fiscalía del vecino país, estableció que fueron detenidos a bordo de uno de los vehículos que supuestamente fueron robados a ciudadanos chilenos.

El alcalde de Colchane, Javier García, indicó que presentará acciones para evitar que el Gobierno chileno resuelva el tema por la vía diplomática o política, como ha ocurrido en años anteriores. “Aquí claramente hay actos delictivos”, sostuvo.

El vicepresidente de Chile Rodrigo Delgado calificó como “grave” que militares bolivianos ingresaran a Colchane sin autorización y fueran detenidos, después que fueran identificados como los presuntos responsables de dos delitos: robo con intimidación y porte de armas de fuego.

“Nos parece grave que al menos tres funcionarios del Ejército boliviano avancen 15 kilómetros, no estamos hablando de 100 metros o 200 metros, hasta Pisiga Choque, donde las policías, en este caso Carabineros fueron alertados de algunos robos de autos, camiones, aparentemente asociados a estas personas”, manifestó.

En La Paz, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Pedro Vargas afirmó que los militares ya cuentan con asistencia legal. Un jurista del vecino país será la defensa de los uniformados en la audiencia que se celebrará el sábado.

Acotó que la Cancillería intensifica las gestiones diplomáticas para lograr una salida favorable para los tres militares.

Se conoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile evalúa la situación, pero una posición inicial es que el tema, al estar ya instalado en la justicia ordinaria del vecino país, debe proseguir su curso en el respectivo juzgado, en este caso, el de Pozo Almonte.

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