-En el oficialismo dicen que el proyecto de ley cumple con las exigencias de parámetros internacionales para investigar el origen y destino de dinero ilícito. En la oposición afirman que se viola la confidencialidad de las inversiones.

Innovapress, 28 sep 2021.- Se vislumbra un primer acuerdo político entre oficialistas opositores. El Movimiento Al Socialismo (MAS) afirmó este martes que se abrirá, que no hay ningún inconveniente para el control de constitucionalidad del proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales, tal como exigen desde la oposición.

La jefa de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), en la Cámara de Senadores, Corina Ferreira, afirmó que es importante realizar ese control de constitucionalidad antes de seguir avanzando con su tratamiento en instancias del Legislativo.

“Es importante el control de constitucionalidad porque se está dando atribución a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) de acceder de manera directa e irrestricta a la información sin respetar lo señalado previamente por una orden judicial convirtiendo al ministro de Economía y Finanzas en un nuevo zar de la persecución política y económica en el país”, declaró.

Anotó que otro peligro es otorgar una atribución a la UIF de establecer -de acuerdo a criterio propio- quienes son “sujetos obligados” a proporcionar información y a quiénes se debe investigar pudiendo acceder a cualquier información confidencial y reservada irrestrictamente como es el caso del secreto de prensa.

“Por ello, la bancada de Comunidad Ciudadana de la Cámara de Senadores de conformidad a lo establecido en el Código Procesal Constitucional ha decidido pedir al presidente del Senado Andrónico Rodríguez que de acuerdo al artículo 11 de dicha norma se remita el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas al Tribunal Constitucional para proceder con la correspondiente consulta de constitucionalidad”, expresó.

Por su parte, el diputado Renán Cabezas (MAS) afirmó que no hay inconveniente y se remitirá la norma a ese control de constitucionalidad.

“Estamos completamente de acuerdo, se puede hacer ese control de constitucionalidad antes y después. Si la ley vulnerara la Constitución Política del Estado seguro que va a tener problemas hasta podía quedar nula, pero aquello no va a ocurrir porque está enmarcada a la Constitución”, refirió.

Acotó que el proyecto de ley en cuestión cumple con parámetros internacionales porque busca luchar contra el terrorismo, evitar que la economía de Bolivia en algún momento se pueda descontrolar por dineros lavados que son delitos transnacionales.

“Puede darse que venga un narcotraficante del exterior y querer introducir su plata aquí en el país lo que generaría una devaluación, tenemos que cuidar nuestra economía y la paz social, eso es lo que busca en el fondo esta ley”, afirmó Cabezas.

El pasado 17 de septiembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales y fue remitido al Senado para su consiguiente tratamiento.

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