-Por unanimidad aprobó el decreto 4571 que deroga el decreto 4461 promulgado en febrero pasado.

La Paz, Innovapress, 21 oct 2021.- La Asamblea Legislativa derogó este jueves el decreto presidencial 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos, una norma cuestionada -según la oposición- por beneficiar a militantes del MAS involucrados presumiblemente en hechos de violencia durante la crisis política de 2019.

La norma fue firmada en febrero de este año y fue aprobada por el presidente Luis Arce, pese a una serie de observaciones y críticas porque pretendía dejar en impunidad varios hechos de violencia sucedidos en medio de la crisis política de 2019 tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

El referido decreto fue cuestionado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigó el caso de violaciones de derechos humanos en Senkata y Sacaba.

En ese contexto, el pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad el Decreto Presidencial 4571 que deroga el Decreto 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos.

“Han declarado ‘suficiente discusión’ totalmente avergonzados de manera vertiginosa porque les da vergüenza abrogar su propio decreto de impunidad”, afirmó el jefe de bancada de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón.

El senador oficialista Luis Adolfo Flores indicó que con la derogación de la norma se atiende una de las recomendaciones de los expertos que investigaron la violencia y muerte de 2019.

“Hemos tomado la decisión de abrogar el decreto y expresar que ese decreto tenía el perdón de penas de sentenciados y por el camino político los perseguidos políticos. Entendemos que solo han sido beneficiados los que tienen sentencia”, señaló.

El presidente Luis Arce remitió el 26 de agosto una nota pidiendo la aplicación del artículo 172 de la Constitución al decreto presidencial que abroga el decreto 4461 de amnistía e indulto del 2 de febrero de este año, “por lo que solicitó que se proceda de acuerdo al trámite pertinente para su aprobación”.

Una de las primeras organizaciones en observar el decreto fue la Human Rights Watch (HRW), al considerar que “esta normativa parece dirigida a favorecer a partidarios del Gobierno y permite la impunidad por delitos graves y abusos”, mencionó en un comunicado.

“Parece haber sido diseñado para favorecer a partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de gobierno”, dijo HRW en ese momento.

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