-Iglesia Católica y Derechos Humanos no son partícipes de que la menor sea sometida a una interrupción de la gestación. El hecho ocurrió en el barrio Oriental en Yapacaní, la menor junto a su hermana, también menor, vivían bajo el cuidado del agresor quien está detenido preventivamente en la cárcel en Montero.

Santa Cruz, Innovapress, 23 oct 2021.- Polémica en varias instituciones y autoridades de seguridad ha generado en Santa Cruz, la pretensión de interrumpir el embarazo a una menor de 11 años que se encuentra en estado de gestación luego de sufrir la agresión sexual por el padre de su padrastro.

El coronel José María Velasco, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) informó que se agotan todos los esfuerzos por establecer cuál es el camino pertinente a fin de garantizar la vida de la niña, por, sobre todo.

La Iglesia Católica y la Asamblea de Derechos Humanos están en contra de que se realice la interrupción del embarazo de la menor que fue víctima de una violación de la agresión sexual de su abuelastro.

“Se trata de una violación a una niña, niño y adolescente agravada se produjo en Yapacaní en el barrio Oriental y existe polémica en este caso por ver si es pertinente interrumpir ese embarazo”, indicó Velasco.

Explicó que se trata de un hombre de 61 años, Gilberto Santalla Rodríguez, quien ha sido enviado al penal de Montero con detención preventiva de seis meses, el autor es, “hablando criollamente, el abuelastro de esa menor de edad, es el papá del padrastro de la menor”, indicó el jefe policial.

Sostuvo que este caso cobra notoriedad porque el embarazo ha sido producto de una violación dentro del seno familiar “y como es un tema legal, legalmente tiene que ser resuelto. Producto del abandono la menor ha sido ultrajada sexualmente con la lamentable noticia que está en etapa de gestación. Tengo entendido que se procederá con la interrupción”, afirmó.

Según los antecedentes, la menor víctima y su hermana de 15 vivían y estaban bajo el cuidado de su agresor desde el pasado mes de febrero y como consecuencia de los ataques la menor está embarazada de más de 20 semanas confirmado por ecografía.

El barrio Oriental a donde pertenece la menor y su hermana corresponde al área urbana de Yapacaní, donde vivían temporalmente, mientras su madre y padrastro trabajaban en La Paz como cocinera y albañil.

La violencia sexual se inició en mayo y, para evitar las agresiones, la niña se encerraba en su cuarto, pero el depravado la acosaba, incluso le regaló ropa interior en varias ocasiones, según la Policía y testigos.

La menor, después de ser valorada medicamente, fue referida a la Maternidad Percy Boland de la capital oriental en espera de la interrupción del embarazo.

Las autoridades evalúan las vías médicas y también las jurídicas. La responsable de la Defensoría de la Niñez del de Yapacaní, Silvia Suazo, informó que se cuenta con una sentencia constitucional que permitiría frenar el embarazo de la niña.

La sentencia 206/2014 del Tribunal Constitucional Plurinacional establece que los requisitos para acceder a la interrupción legal del embarazo son: la presentación de una copia de la denuncia de violación y el consentimiento de la mujer (niña, adolescente, joven o adulta) para acceder al procedimiento, entre otros.

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