-Una niña no puede ser madre de otro niño, esgrimió la defensora Nadia Cruz, la Iglesia Católica insistirá hasta el final para evitar la interrupción de la gestación. La Casa de la Mujer pide aplicación de la sentencia constitucional 206.

La Paz, Santa Cruz, Innovapress, 25 oct 2021.- La Defensoría del Pueblo anunció este lunes que recurrirá ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la CIDH para hacer prevalecer los derechos de la niña de 11 años que resultado de una violación ahora está en la encrucijada de si da a luz o si le interrumpen la gestación.

Este hecho cobró notoriedad y repudio en la capital cruceña, porque el sujeto que perpetró el abuso fue el propio abuelastro a quien no le importó el estado de indefensión de la menor. El hecho se suscitó en Yapacaní y la niña embarazada ya tiene más de cinco meses de gestación.

En La Paz, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, protestó airadamente porque el fin de semana la familia de la niña dio el visto bueno para que pueda dar a luz al bebé, “haciendo caso omiso a su postura de interrumpir el embarazo”, a ello se suma la Iglesia Católica que se inclina por defender el derecho a la vida tanto de la niña agredida como del bebé en gestación.

“Vamos a llegar hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es un caso flagrante de vulneración de derechos humanos. Bolivia tiene previsto en su marco constitucional la sentencia 206/2014 que establece que, en los casos de violencia sexual, como este, todo el aparato del Estado, centro de salud y la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia deberían haber precautelado y tomar como sujeto de protección, no a la familia, a la niña”, enfatizó.

Dijo que la Defensoría del Pueblo conoció, desde el primer día “que la niña ha manifestado su voluntad para ser sometida a una interrupción legal del embarazo tomando en cuenta la violencia que vivió anteriormente”.

“Tenemos información que en el centro de salud han sido permisibles a que ingresen grupos de la Iglesia Católica y otras iglesias a poder conversar con la niña haciendo una suerte de presión en contra de ella generando una suerte de condicionamiento en relación a la familia. La Iglesia no puede mantener un romanticismo en un caso de violencia sexual contra una niña de 11 años. Las niñas no pueden ser madres”, fustigó Cruz.

Por su parte, Rashid Guardia, de la Defensoría de la Niñez, indicó que se hará todo lo posible para evitar el embarazo.

“En nuestro medio, alguien de 11 años no tiene la capacidad jurídica ni siquiera para pedir un préstamo de 300 bolivianos al banco, parece ser un exceso y la solución sería que la madre o el padre que tenga la tutela intervenga”, acotó.

La Casa de la Mujer dijo que es indiscutible la aplicación de la sentencia constitucional 206 para la interrupción del embarazo. “Es algo ni siquiera discutible, la sentencia tiene un carácter de obligación de cualquier servidor, de cualquiera servidora pública, existe todo un marco jurídico porque un cuerpo de 11 años no está preparado para alojar a otro y no tenemos por qué estar discutiendo este tema”, afirmó Ana Paola García de esa organización activista.

Por su parte, el delegado episcopal de la Iglesia Católica, Víctor Hugo Valda, señaló que a toda costa se quiere promover e influenciar a que la niña sea sometida a un aborto sin respetar la vida de ese ser humano.

“Quieren volver a entrevistar a la niña siendo que hace tres días ella ya dijo que no quiere que le realicen el aborto, igual que la madre de la menor. Hemos pedido como Iglesia Católica que un psicólogo de la iglesia esté presente y no han querido. Estamos indignados que no se respete la postura de la niña y quieran revictimizar a la menor y además que diga lo contrario a lo que está contemplado en la historia clínica. Hay un ensañamiento para que la niña aborte a una criaturita de cinco meses y medio totalmente formado”, afirmó.

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