– Fue detenida en febrero de 2016 y condenada en 2017 a diez años de cárcel por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictiva, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribución y ventajas ilegitimas, y uso indebido de bienes y servicios públicos.
La Paz, Innovapress, 29 nov 2021.- El juez cuarto de ejecución penal Abraham Aguirre dictó este lunes mandamiento de “libertad condicional” para Gabriela Zapata, la expareja del expresidente Evo Morales quien guardaba reclusión en el penal de Miraflores en La Paz.
El “mandamiento de libertad condicional” para Zapata, firmado por el juez Aguirre, circuló primero en las redes sociales y luego el abogado de la exinterna, Marcelo Tamayo, confirmó a los medios la autenticidad.
En mayo de 2017, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó a 10 años de prisión a Zapata, por los delitos de legitimación de ganancias, contribuciones y ventajas ilegítimas, asociación delictiva, falsedad material y uso de instrumento falsificado. El caso estalló en febrero de 2016.
Zapata, expareja de Evo Morales, obtuvo seis contratos estatales por medio de la empresa china CAMC.
Accedió a un “beneficio que otorga la Ley de Ejecución Penal” a personas que hayan asumido “una excelente conducta dentro del penal”, según el jurista.
La citada norma establece que también se debe haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, o aquella que derive del nuevo cómputo, tener buena conducta y demostrar “vocación para el trabajo”.
Zapata también tiene pendiente un proceso por trata de personas por haber sido parte de un montaje para presentar en 2016 en un juzgado a un niño como si fuera hijo suyo y de Evo Morales, argumentando que nació en 2007.
No obstante, se retractó de esas afirmaciones y afirmó que el supuesto hijo en realidad nunca nació, pese a que muchas veces había sostenido lo contrario.
Gabriela Zapata fue detenida en febrero de 2016 y condenada en 2017 a diez años de cárcel. La que fuera novia de Morales entre 2005 y 2007 fue acusada por el Ejecutivo de usar los predios de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia para hacer tratos ilegales con empresarios.
Según el entonces Gobierno de Morales, los altos cargos de ese ministerio nunca se enteraron de que Zapata hacía negociaciones en esas oficinas.
La Fiscalía señaló en su momento que Zapata no pudo explicar la procedencia de 2 millones de dólares en sus cuentas, ya que la suma no se correspondía con el salario que percibía como gerente comercial de una filial de la constructora china CAMC.
Esa empresa se adjudicó varios contratos estatales para construir obras en Bolivia por 566 millones de dólares.
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