-La Comisión Especial de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio logró que los administradores de justicia asuman responsabilidad. Destacan que el TCP evite que los condenados a 30 años ya no puedan salir fácilmente en libertad.

La Paz, Innovapress, 3 abr 2022.- La Comisión Especial de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio creado por instrucción del presidente Luis Arce logró que al menos 13 jueces que favorecieron a feminicidas y violadores asuman su responsabilidad y ahora están detrás de rejas o se encuentren en proceso.

“Esto es algo muy importante que la población conozca, porque es la primera vez en nuestra historia y (…) se ha procedido por primera vez, por ejemplo, a procesar a jueces, a procesar a, en este caso, son como 13 jueces de 18 de los juzgados penales y dos más de otro tipo de juzgados”, manifestó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada en Btv.

Acotó que era lo que la población boliviana “por su puesto” esperaba, porque es a los administradores de justicia a los que se acude para que haya justicia y no encuentra atención como se debe.

Hasta el momento hay cinco jueces con detención preventiva, uno con mandamiento de aprehensión, pero que está prófugo y nueve que se encuentran en etapa investigativa.

“Pero además se está procediendo a la revisión de todo lo que tiene que ver con el régimen disciplinario, en el caso de estos jueces, porque por supuesto, no es posible que un juez que haya liberado a un feminicida o un violador, por el tiempo que implica un proceso disciplinario, esté aun en funciones administrando justicia”, señaló.

La autoridad lamentó que actualmente en el país la violencia contra las mujeres sea el principal delito, el cual se genera en ámbitos familiares y en relaciones sentimentales, que estremecen e indignan.

Labor del TCP

Al mismo tiempo, la ministra Prada destacó la primera Sentencia de Avocación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que hace más estricta la liberación de los condenados a 30 años entre ellos feminicidas que salían con bastante facilidad a solo diagnóstico médico de enfermedad incurable.

Dijo que esta sentencia surgió a raíz de una Acción de Libertad que subió en revisión al Tribunal Constitucional, luego que un tribunal de menor jerarquía otorgara el beneficio de detención domiciliaria al autor de un feminicidio que argumentó la violación de sus derechos a la vida por padecer de enfermedades.

Prada sostuvo que la Sentencia de Avocación establece jurisprudencia sobre el tratamiento a los detenidos por feminicidio, parricidio, infanticidio, asesinato y otros que recibieron una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

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