-Consorcios de jueces, fiscales, abogados, policías, personal de apoyo en juzgados trabajadores sociales, peritos y médicos también recibirán similar privación de libertad y 400 días de inhabilitación de la profesión.

La Paz, Innovapress, 21 abr 2022.- La Cámara de Diputados aprobó este jueves la modificación de siete artículos del Código Penal, de Procedimiento Penal y de Ejecución Penal en el marco del proyecto de Ley 179 “Por la dignidad de las víctimas de feminicidio, violación niña, niño, adolescente e infanticidio” elevando de 5 a 10 años de cárcel a jueces que comentan prevaricato.

“Hemos aprobado el proyecto de ley “Por la dignidad de las víctimas de feminicidio, violación niña, niño, adolescente e infanticidio y lo que se busca es luchar contra aquellos operadores de justicia que cometen delitos de prevaricato sean jueces, fiscales, vocales haciendo que reciban de 5 a 10 años de cárcel y una pena de inhabilitación de hasta 400 días”, informó el diputado Renán Cabezas.

Lo propio, según el legislador, para fiscales y contra aquellos consorcios que puedan estar conformados por vocales y jueces y personal de apoyo de fiscales o quizás abogados, policías, peritos, médicos y trabajadores sociales quienes también serán sancionados con entre 5 a 10 años y 400 días de inhabilitación.

Los artículos del Código Penal y de Procedimiento Penal modificados son: 173, 174, 231 bis, 233, 239, 396 y 93.

“Una de las cosas más importantes que también presenta este proyecto de ley es que los delincuentes involucrados en delitos de femicidio y violación de niños o infanticidios no van a gozar de cesación de medidas cautelares y permanecerán detenidos hasta que tengan sentencia y hasta que cumplan su condena”; explico Cabezas.

Dijo que lo que se ha hecho endurecer las penas contra los administradores de justicia que cometieron delitos de prevaricato al favorecer a feminicidas, violadores e infanticidas que tenían 30 años de privación de libertad otorgándoles libertad cometiendo el delito de prevaricato.

Cabezas añadió que estas modificaciones también están sujetas a los convenios internacionales “aunque ameritaría que las sanciones sean más severas, pero como Estado somos parte de convenciones internacionales que defienden los derechos humanos”.

El proyecto de ley pasó a la Cámara Alta para su consiguiente sanción.

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