-El Plan Nacional de Control y Lucha Contra el Contrabando pretende ahorrar unos 250 millones de dólares que hoy están destinados al mercado negro de carburantes. No habrá restricciones para la venta de combustibles.

La Paz, Innovapress, 16 abr 2023.- Alrededor de 250 millones de litros de combustible se desvían al contrabando y otras actividades ilícitas dentro y fuera del territorio nacional, develó este domingo, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

“Se ha identificado que, de los 250 millones de litros que se desvían a esta actividad, el 80% está destinado a la actividad ilícita, vale decir, al expendio por parte de revendedores, vidoneros, minería ilegal, autos chuteros, etc., y el otro 20%, sale vía contrabando”, ratificó.

Afirmó que, con el lanzamiento de la Política Nacional de Control y Lucha Contra el Contrabando, el Gobierno pretende acabar con el comercio ilegal de combustible.

“Se pretende, con esta primera medida, el ahorro de alrededor de 250 millones de dólares, que hoy por hoy están destinados al mercado negro, al contrabando y a todas esas actividades ilegales en nuestro país”, apuntó el ministro.

No obstante, descartó que los controles impliquen restricción en la compra de combustibles.

“Eso no es así. Todos los que cargan combustible en sus vehículos, ya sea el autotransporte, ya sean los vehículos particulares, los que están dedicados a las actividades productivas… todos los que cuenten con un registro B-Sisa, tienen que estar totalmente tranquilos. Que se preocupen todos aquellos que estén llevando adelante actividades ilícitas, destinadas al contrabando, destinadas a la minería ilegal y otros ilícitos”, aseveró.

Apuntó que ya se destinaron efectivos militares a las zonas de riesgo, sobre todo, en las zonas fronterizas.  

En ese marco, indicó que, por ejemplo, las cisternas serán monitoreadas ahora con GPS y que ya no estará permitida la venta de combustibles a menores de edad. 

Señaló que las “medidas son bastante fuertes”, pero que son necesarias para enfrentar la actual problemática y “preservar los combustibles subvencionados y los recursos naturales”.

“El objetivo es garantizar la transparencia, luchar contra la corrupción y el contrabando, y resguardar nuestra seguridad energética”, expresó Molina.

Dijo que esa política marca una ruta para implementar una serie de medidas de control y optimización, desde la producción e importación hasta la venta al consumidor final de combustibles, y así generar un ahorro al Estado en la subvención de carburantes de aproximadamente $us 1.000 millones al año.

El Plan Nacional anticontrabando de combustibles implica dos ámbitos, uno de ellos contará con la participación de efectivos militares en el control de poblaciones fronterizas en los que se considera existe mayor flujo de contrabando de combustible, como son los municipios de Cobija, Copacabana, Desaguadero, Tambo Quemado, Pisiga, Villazón, Yacuiba, Bermejo, Puerto Suarez, San Matías, Piso Firme y Guayaramerín.

El segundo ámbito de trabajo de las FF.AA. será el control en todo el territorio nacional fronterizo (este, oeste, norte y sur) a través de las unidades militares que se encuentran acantonadas y cercanas a las fronteras, con patrullajes constantes y permanentes por vía terrestre, fluvial y aérea de ser necesario.

IP/RDC