-Se entrevistará con al menos 90 instituciones públicas y privadas y establecerá el cumplimiento de acuerdos internacionales contra la legitimación de ganancias ilícitas.

La Paz, Innovapress, 17 abr 2023.- Está en el país la misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para verificar las tareas y compromisos que tiene suscritos el Estado en la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas.

“En este momento enfrentamos la cuarta ronda que incluye la verificación de cumplimiento normativo y los resultados de efectividad del sistema de antilavado y contra el financiamiento al terrorismo en Bolivia”, confirmó la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza.

La misión del GAFILAT se tomará entre 12 a 15 meses para concluir su evaluación en el país. Esa instancia internacional establecerá contactos con al menos 90 entidades entre públicas y privadas.

“Estamos hablando de 90 entidades en total que van a ser entrevistadas, entre públicas y privadas, y a través de la cual se va a brindar toda la información que requieran y se va a explicar de forma muy detallada cómo se está realizando las tareas cotidianas para contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas”, precisó Espinoza.

Por su parte, el secretario adjunto del GAFILAT, Gustavo Vega, dijo que la misión llegó a Bolivia para entrevistar y dialogar con diferentes sectores, tanto del ámbito público como privado.

“Estaremos involucrados y analizando información desde cinco años atrás y cómo es que el Estado y el sector público han estado avanzando no solamente en sus políticas de cumplimiento técnico en la legislación sino también en la estructura institucional que tiene el país y que ha estado avanzando conforme a los riesgos que se tienen de lavado de activos o financiamiento al terrorismo en el país”, anotó.

El GAFILAT es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

Está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

IP/RDC