-A fin de que no se activen más procesos en contra del exmandatario y de su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.

La Paz, Innovapress, 28 sep 2023.- Los familiares de las víctimas de la crisis social y política de octubre de 2003 arribaron a un acuerdo de conciliación por el que los afectados se comprometen a no realizar más acciones legales en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, informó el Centro de Derechos Constitucionales que patrocina a las víctimas.

“Después de una década y media de litigio, los Demandantes y los Demandados concuerdan en que es momento de resolver su disputa legal”, señala parte del documento. Las partes acordaron no divulgar el monto del resarcimiento acordado.

Agrega que ambas partes han logrado una conciliación consistente en una compensación para las familias de los demandantes y exoneraciones legales que prohíben cualquier acción adicional por parte de los demandantes contra los demandados, en relación de los eventos ocurridos en entre septiembre y octubre del 2003 en Bolivia.

“La decisión de conciliar no significa que los Demandados admitan responsabilidad por los eventos en cuestión. Las partes han acordado no divulgar ningún término”, agrega el documento.

Las víctimas estaban a la espera de que la Corte de Apelación de Estados Unidos ratifique el veredicto del jurado y obligue a Sánchez de Lozada a pagar la indemnización de las víctimas de 2003; sin embargo, la parte demandada logró la conciliación.

En 2018 un jurado federal en Florida declaró a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín culpables de los asesinatos en 2003 y concedió una indemnización de 10 millones de dólares a los familiares de las víctimas.

En octubre de 2003, Sánchez de Lozada se enfrentó a una revuelta popular en El Alto y La Paz con un despliegue militar. La represión se saldó con 67 muertos y más de 400 heridos.

La conciliación prohíbe que los demandantes realicen mayores acciones contra los demandados, respecto a los hechos de 2003.

Tras este acuerdo, los demandados retirarán su apelación y el veredicto del jurado de 2018 permanecerá en vigencia.

“Cuando comenzamos con el juicio, todo el mundo nos dijo que Goni estaba por encima de la ley. Me siento orgulloso de que el pueblo Aymara ha mostrado al mundo que ningún político, sin importar lo rico o poderoso que sea, goza de impunidad absoluta”, manifestó Teófilo Baltazar, uno de los demandantes, según el Centro de Derechos Constitucionales.

Entre los demandantes se encontraban Etelvina Ramos Mamani y Eloy Rojas Mamani, cuya hija de 8 años, Marlene, fue asesinada delante de su madre cuando una bala entró por la ventana de su casa; Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada fue asesinada cuando una bala penetró la pared de una casa; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre de 69 años fue baleado y asesinado al borde de la calle; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre fue baleaado y asesinado mientras cuidaba sus cultivos. 

La declaración conjunta

“Después de una década y media de litigio, los Demandantes y los Demandados concuerdan en que es momento de resolver su disputa legal. En consecuencia, las Partes han logrado una conciliación que proporciona una compensación para las familias de los Demandantes y exoneraciones legales que prohíben cualquier acción adicional de cualquier tipo por parte de los Demandantes contra los Demandados en relación con los eventos que ocurrieron en Bolivia en septiembre y octubre de 2003. La decisión de conciliar no significa que los Demandados admitan responsabilidad por los eventos en cuestión. Las Partes han acordado no divulgar ningún término de su acuerdo de conciliación”.

IP/RDC