– No se concretó con la expulsión de las transnacionales. No hubo una industrialización de los hidrocarburos con productos terminados, además no se extraditó a los autores intelectuales de la masacre. Acusan a Evo Morales.

La Paz, Innovapress, 16 oct 2023.- Este 17 de octubre se cumplen dos décadas de la denominada “Guerra del Gas” o la “Masacre de Octubre”, a 20 años de aquellos luctuosos sucesos, aún perdura el clamor por justicia.

“Las víctimas aquí vivimos lisiadas, totalmente arruinadas. Miren no podemos hacer nada, no tenemos nada. No recibimos nada, más al contrario ellos suben por la masacre del 2003, todos se llenan la boca, todo es política y llenan sus bolsillos”, observó Antonio Mamani, vocero de las familias víctimas.

Aquel entonces más de 80 personas fueron asesinadas por balas de militares tras masivas movilizaciones que se oponían a la exportación y venta del gas boliviano al norte de los Estados Unidos. El escenario, la aguerrida ciudad de El Alto.

La planificación se gestó desde septiembre de ese 2003, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, autorizó la intervención de militares y policías para reprimir a los manifestantes, quienes además exigían su dimisión por entregar los recursos naturales al Gobierno estadounidense.

Tras los luctuosos sucesos y la cifra de asesinados además de la radicalización de las movilizaciones, Sánchez de Lozada huyó del país aterrizando en Washington. Ese mismo 17 de octubre de 2003, el Congreso de la República leyó la carta del expresidente dimitiendo a su cargo y huyendo de la justicia.

Las víctimas y los familiares, en 2011, lograron que dos exministros de Sánchez de Lozada; Erick Reyes Villa, de Desarrollo Sostenible; y Adalberto Kuajara, de Trabajo, fueran condenados a tres años de prisión, mientras los cinco jefes militares de 2003 recibieron 15 años.

En 2007 comenzaron el proceso en Estados Unidos, “porque existía una ley que permitía procesar civilmente a quienes hubieran cometido delitos relacionados con la violación de derechos humanos”.

En 2018, el Tribunal estadounidense estableció la culpabilidad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en la masacre de 2003. Pero los imputados apelaron, hasta que en 2022 la sentencia fue a favor de los familiares.

Los culpables fueron condenados a pagar 10 millones de dólares a las familias de las ocho víctimas.

Morales y la Agenda de Octubre

El exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Roberto de la Cruz, acusó al expresidente Evo Morales no haber cumplido la Agenda de Octubre en sus 14 años de administración de Gobierno.

“Un día como hoy (16 de octubre) hace 20 años, exactamente, ya teníamos 67 muertos y Goni (Sánchez de Lozada) seguía diciendo ‘no voy a renunciar’ y un día como mañana, el cobarde huyó a Estados Unidos junto con su ministro Carlos Sánchez (Zorro) Berzaín. Ahí nació una agenda nacional denominada Agenda de Octubre. ¿Se ha cumplido?, no. Evo Morales no quiso hacer cumplir ni cumplió esa agenda en los 14 años”, reclamó.

Entre los temas que contemplaba la Agenda de Octubre están: No a la venta del gas por Chile a Estados Unidos; modificación de la Ley de Hidrocarburos; nacionalización del gas y del petróleo; convocatoria a la Asamblea Constituyente para una nueva Carta Magna y la renuncia de Sánchez de Lozada. 

De ellos, no se concretó con la expulsión de las transnacionales sin indemnización. La derogación de las leyes INRA y 1008 y la derogación del DS 21060.

Según de la Cruz, Morales no realizó una industrialización de los hidrocarburos con productos terminados, además no extraditó a los autores intelectuales de la masacre.
“La separación de líquidos no es lo mismo que la industrialización (…) Morales no tuvo nunca la voluntad política para extraditar a estos asesinos. Finalmente, la reactivación del aparato productivo tampoco se hizo, por tanto, la agenda de octubre queda pendiente”, explicó.

Asimismo, señaló que la indemnización que se realizará por un acuerdo tras un juicio civil en Estados Unidos, solo cubrirá a ocho familias y que existen más familiares que buscan justicia y reparación.

IP/RDC