– La ABT fue cuestionada porque, a pesar de la magnitud de los incendios, no existen personas sancionadas. Emitió licencias para quemas por encima de las 300 mil hectáreas por año especialmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni.

^{Por Marcelo Padilla}

La Paz, Innovapress, 26 oct 2023.- En el peor desastre medioambiental, el Gobierno denunció que los incendios en Bolivia están siendo provocados por lo que se estudia que las sanciones administrativas y penales en contra de los autores sean más severas. Critican a la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, saludó la voluntad de luchar contra los focos de calor, pero lamentablemente, “los incendios, muchos de ellos son provocados y algunos por la imprudencia”.

Instó a la población a estar “siempre vigilantes” de “quienes están propiciando los incendios”.

Su colega de Gobierno, Eduardo Del Castillo, añadió que se trata de “personas inescrupulosas”. En Yapacaní, tras una inspección reciente, fueron encontrados “personas en flagrancia iniciando los incendios”. 

En Santa Cruz, las autoridades locales denunciaron que existen grupos armados que impiden el paso de bomberos a los lugares afectados por incendios. Por si fuera poco, los incendios ya están devorando los parques nacionales, como el Amboró, donde encontraron plantaciones ilegales de coca cuando iban a sofocar.

Del Castillo demandó a la ABT un mayor control, pidió la aplicación de las leyes contra las personas que están generando los incendios más allá de las normas. Felicitó que se haya iniciado “procesos penales contra varias personas, pero con este cielo eso no es suficiente”.

Planteó que “los responsables tengan las sanciones administrativas y penales”.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, indicó que se está trabajando en la identificación de las personas que presuntamente están generando los incendios, pero también confirmó que al momento no hay ningún arrestado.

“Como Gobierno nacional, no hemos bajado la guardia, hemos estado trabajando, se han tomado los recaudos, pero también es importante llamar a la reflexión de aquellas personas que, de manera irresponsable o, en algunos casos, de manera intencional, están generando este tipo de incendios, vamos a trabajar en su identificación”, expresó.

ABT

La ABT fue cuestionada porque, a pesar de la magnitud de los incendios, no existen personas sancionadas a causa de los daños ocasionados.

La ABT emitió en el país licencias para quemas por encima de las 300 mil hectáreas por año; puso mayor énfasis en los departamentos de Santa Cruz y Beni.

El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, reiteró que para prevenir los incendios es imprescindible de un presupuesto público. Dijo que desconoce hasta la fecha que existan recursos para afrontar estos desastres naturales.

Advirtió que muchas organizaciones demandan un cambio en la normativa.

“Se necesita revisar la regla que permite el chaqueo libre de hasta 20 hectáreas para pequeñas comunidades campesinas, además se requieren planes y manejo de recuperación de la flora y fauna en los lugares afectados. Asimismo, se necesitan proyectos específicos para dotar de agua limpia a las comunidades indígenas”, añadió.

“La instancia llamada a controlar estos hechos es la ABT, pero su inacción es llamativa. Además, en muchos casos delegan competencias a las gobernaciones y municipios, pero cuando les conviene exigen atribuciones exclusivas como nivel central”, explicó la diputada María René Álvarez, del Comité de Medio Ambiente, Cambio Climático, Áreas Protegidas y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

El artículo 4 de la Ley de 1171 de Uso Racional de Quemas promulgado en 2019 determina que la ABT, “es la entidad encargada de autorizar y fiscalizar las quemas. Con la finalidad de realizar un efectivo control y seguimiento de las quemas sin autorización, esta entidad podrá priorizar áreas de intervención para mejorar la gestión del manejo integral, planificado y controlado del uso del fuego, considerando su recurrencia y las características de cada región”.

IP/RDC