- Dice que la quieren ver tras las rejas a toda costa, se declaró inocente.
Cochabamba, Innovapress, 21 jul 2025.- La dirigente política de Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol) se presentó este lunes en el Juzgado de Shinahota (Trópico de Cochabamba) para responder por sus declaraciones de que el “día de las elecciones se contarán muertos en vez de votos”, sin embargo, esas dependencias estaban cerradas.
Sin embargo, la mujer se declaró inocente y dijo que a toda costa se la quiere ver detrás las rejas.
“Se está forzando una aprehensión contra mi persona, seguramente hay mucha presión contra la juez para que no pueda recibirnos, no sabemos dónde vamos a entregar el apersonamiento como víctima”, manifestó.
Arguyó que el plan en su contra busca hacerla ver que no quiere presentarse a declarar.
“Me quieren meter a la cárcel para que ya no exija el amparo constitucional, para que ya no continúe la denuncia contra los siete vocales del TSE”, señaló.
“Para otros casos, como ser consorcio de fiscales, jueces, no avanza ningún tipo de proceso de investigación, pero para Ruth Nina, una mujer ciudadana de a pie, dirigente sindical, en dos horas las notificaciones están corriendo desde La Paz a Cochabamba, incluso violando la competencia territorial”, reclamó. En su criterio, “posiblemente restan horas para la aprehensión”.
“Me estoy presentando ante cualquier acción judicial, estamos exigiendo que se emita una nueva notificación y se remitan todas las investigaciones a Shinahota. Es un proceso totalmente ilegal porque hay libertad de expresión y de opinión, no he cometido ningún delito, me declaro inocente”, manifestó Nina antes de ingresar a las dependencias del Ministerio Público de Shinahota.
“Soy una ciudadana de a pie, soy una víctima más de persecución política de este sistema corrupto de la justicia”, añadió.
Nina fue convocada a declarar el viernes, sin embargo, no se presentó. Ese mismo día, en una conferencia de prensa junto a su equipo jurídico y algunos dirigentes, Nina dijo que los discursos ahora son “criminalizados” en el país.
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IP/RDC
