Cuatro años de Las Londras, de impunidad y agresión a las libertades de prensa y expresión, el caso fue remitido a la Justicia campesina

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  • Los acusados Paulino Camacho Vedia, Nelson Rivadeneira Escalante, Heber Sixto Canaza Sacaca, Martín Tejerina Villalobos y Nicolás Ramírez Taboada deben responder por los delitos de tentativa de asesinato, privación de libertad, tortura, lesiones graves, secuestro, robo agravado, portación ilícita de armas, atentado contra la libertad de prensa y organización criminal.
Los periodistas fueron objeto de agresiones en su labor de informar, cuatro años del caso Las Londras/ arch referencial

Santa Cruz, Innovapress, 28 oct 2025.- Este 28 de octubre se recuerdan cuatro años del violento ataque armado contra civiles, policías y periodistas en el predio Las Londras, municipio de Guarayos en Santa Cruz, a cuatro años las vejaciones continúan impunes. Es el caso más emblemático de la agresión a las libertades de prensa y expresión en democracia.

En aquel atentado, seis periodistas resultaron víctimas de secuestro y tortura por parte de avasalladores de tierras pertenecientes a organizaciones sociales afines al partido de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El hecho se suscitó en una franca violación y atentado contra la cobertura periodística en medio de avasallamientos de propiedades sean fiscales o no, vinculados al tráfico de tierras y a la deforestación ilegal.

Los acusados: Paulino Camacho Vedia, Nelson Rivadeneira Escalante, Heber Sixto Canaza Sacaca, Martín Tejerina Villalobos y Nicolás Ramírez Taboada deben responder por los delitos de tentativa de asesinato, privación de libertad, tortura, lesiones graves, secuestro, robo agravado, portación ilícita de armas, atentado contra la libertad de prensa y organización criminal.

El 28 de octubre de 2021, seis periodistas que cubrían el conflicto por avasallamientos de tierras en Las Londras fueron emboscados por encapuchados armados, secuestrados y amenazados de muerte.

Durante más de siete horas fueron sometidos a vejámenes que constituyen una violación flagrante a sus derechos fundamentales.

La Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) a la que suman las demás asociaciones (ANPB), federaciones, y periodistas de base, entre otros, ven que existe un proceso judicial plagado de impunidad, retardación, encubrimiento y la inacción institucional.

Marco Antonio Curi de la APSC en el reciente encuentro de periodistas sobre derechos humanos en Cbba/ Foto: Innovapress

Las investigaciones han sido entorpecidas por el cambio arbitrario de fiscales y policías, la liberación de los principales acusados —pese a su alta peligrosidad— y la falta de acciones diligentes por parte de las autoridades judiciales, dijo el presidente de la APSC, Marco Antonio Curi.

“Son cuatro años de impunidad. Esto sucedió un 28 de octubre de 2021 cuando un grupo de periodistas acompañados de policías, obreros fueron a hacer la cobertura de un supuesto avasallamiento y ahí se enfrentaron con Interculturales con capuchas portando armas de grueso calibre, los intimidaron, los secuestraron durante ocho horas, incluso el periodista Percy Suárez que estaba con la cámara grabando recibió un impacto de bala y aparte de eso una de las colegas fue vejada por este grupo”, rememoró.

“Pasaron cuatro años, en julio pasado se abrió el proceso lo llevaron a Concepción y después de artilugios judiciales la juez determinó incompetencia y que debería pasar el caso a la Justicia originaria campesina, un fallo fuera de lugar porque no han sido simples campesinos sino avasalladores al estilo zapatista que secuestraron en intentos de asesinato para los colegas periodistas y no se ha hecho nada”, protestó.

Precisamente, el 9 de julio pasado el Tribunal de Sentencia Primero de Concepción —integrado por los jueces Ramón Quiroga, Elvio Cuéllar y Rosa Victoria Copa— declaró incompetencia

El caso Las Londras es un emblema de la impunidad que enfrenta el periodismo en Bolivia. “Demandamos el cumplimiento de la acción penal sin más dilaciones hasta lograr una sentencia que repare el daño causado y restituya la confianza pública en la justicia”, llamó Curi.

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IP/RDC

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