- El Gobierno lo denunció, la Fiscalía lo citó a declarar. Entre las irregularidades detectadas figuran venta de harina de Emapa con los beneficios de la harina subvencionada, contratos arrendando inmuebles también a Emapa y contratos de prestación de servicios de logística hacia Emapa.
La Paz, Innovapress, 26 nov 2025.- El dirigente Rubén Ríos Miranda de la Confederación Nacional de Panificadores (Conapabol) ve complicada su situación legal luego que el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Productivo lo denunciara ante el Ministerio Público por su presunta vinculación con las irregularidades detectadas en la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) durante la gestión del exgerente Franklin Flores.
La denuncia fue formalizada por el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, quien explicó que la decisión se basa en una serie de indicios relacionados con el manejo de harina subvencionada.
Según detalló, entre las irregularidades detectadas figuran “la venta de harina de Emapa con los beneficios de la harina subvencionada, contratos arrendando inmuebles también a Emapa y contratos de prestación de servicios de logística hacia Emapa”.
Serrano indicó que los presuntos delitos que se desprenden del caso incluyen enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, tráfico de influencias y contratos lesivos al Estado.
“Lamentamos que se haya tocado el bolsillo de muchas familias bolivianas para beneficio de unos cuantos”, sostuvo Serrano, quien aseguró que existe una instrucción directa del ministro Óscar Mario Justiniano y una línea firme desde el presidente Rodrigo Paz, para denunciar y transparentar todo acto de corrupción.
Citación en la Fiscalía
El fiscal, Omar Quisbert, informó que en el marco de la investigación por el caso Emapa hay cinco personas en la mira; entre ellas el exgerente: Franklin Flores y el dirigente panificador Rubén Ríos, por presuntos hechos de corrupción en convenios de subvención de harina, que habrían ocasionado un daño económico de Bs 6,2 millones.
Es por ello que, los implicados fueron citados a declarar y no se descarta que la lista de investigados se amplíe.
“Durante la ejecución del convenio no se presentó el certificado de Senasag, ni el de Pro Bolivia, ni mucho menos el convenio estaba publicado en el Sicoes. Asimismo, se encontró varios tipos de variaciones en los precios no justificados. En ese entendido, el Ministerio Público se encuentra en la investigación correspondiente”, detalló el fiscal, a tiempo de adelantar que la cita para la declaración informativa de Flores y Ríos está prevista para la próxima semana.
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