Justicia ordena el levantamiento de bloqueos por ir en contra de la Constitución y atentar al derecho colectivo

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  • Ordenó al Ejecutivo restablecer inmediatamente la transitabilidad y proteger los servicios esenciales en todo el territorio nacional. Argollo, Condori y otros del Chapare quedan advertidos de procesos en su contra.

La Paz fue escenario de violentos enfrentamientos y sitios que la asfixiaron en dos semanas de bloqueos/ Fotos: EFE y AP

La Paz, Innovapress, 16 may 2026.- La Justicia constitucional admitió una Acción Popular interpuesta contra dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), sectores mineros y los autodenominados Ponchos Rojos y ordena al Ejecutivo el levantamiento de los puntos de bloqueo que han asfixiado al departamento de La Paz en dos semanas de una medida irracional y radical.

La Sala Constitucional Segunda de La Paz determinó que el bloqueo de caminos no está protegido como protesta cuando restringe derechos fundamentales como la salud, la alimentación y la libre circulación.

El Tribunal determinó que “el bloqueo, entendido como el cierre total de vías, no es un derecho protegido cuando vulnera los intereses colectivos y la seguridad ciudadana”.

Ordenó al Ejecutivo restablecer inmediatamente la transitabilidad y proteger los servicios esenciales en todo el territorio nacional.

El vocal de la Sala Constitucional Segunda, José Sáenz dio lectura a la resolución judicial: “Se determina conceder la tutela de la Acción Popular (…) y establece que el bloqueo, entendido como cierre total de vías, no está protegido por el derecho a la protesta social cuando restringe el acceso a la salud, la alimentación, el paso de ambulancias y la libre circulación”.

La Acción Popular fue interpuesta por el exdiputado Amilcar Barral que protege y prioriza los derechos colectivos, garantiza el derecho a la salud y solicita medidas para levantar las protestas e investigar a los organizadores y financiadores.

De esa manera, Mario Argollo, ejecutivo de la COB, el senador suplente, Nilton Condori y los que azuzan la marcha “evista” a La Paz se exponen al riesgo de quedar aprehendidos y que se ordena al Ministerio Público iniciar proceso de investigación de oficio.

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IP/RDC

 

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