- Tras una larga pasantía de presidentes destituidos o que renunciaron por denuncias de corrupción o abusos de poder en la última década. Retorna más de un cuarto de siglo después al palacio presidencial donde vivió y fue primera dama tras el divorcio de sus progenitores en 1994.
Lima, Innovapress, 28 jul 2026.- La conservadora Keiko Fujimori (51) juró el martes (28.07.2026) en el Congreso como nueva presidenta de Perú por cinco años (2026-2031), con el reto de lograr estabilidad política y frenar el aumento del crimen, para recuperar la confianza de un país decepcionado de sus líderes.
La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori sustituye al mandatario interino José Balcázar, tras una larga saga de presidentes destituidos o que renunciaron por denuncias de corrupción o abusos de poder en la última década.
Juró que cumplirá y hará cumplir la Constitución, que respetará las leyes y velará por la integridad física y moral de todos los peruanos, “en especial de los que han sido históricamente postergados”.
Luego se colocó la banda presidencial de colores rojo y blanco elaborada con una tela brillante e hilos bañados en oro.
La hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) —fallecido en 2024 y quien estuvo 16 años preso por corrupción y asesinato— retorna más de un cuarto de siglo después al palacio presidencial donde vivió y fue primera dama tras el divorcio de sus progenitores en 1994 tras imponerse en junio en un reñido balotaje al progresista Roberto Sánchez en su cuarto intento por alcanzar el poder.
Su principal reto será el combate a la delincuencia organizada, en particular las extorsiones que se han expandido por casi todo el Perú, donde las denuncias por ese delito pasaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, según datos oficiales.
Las extorsiones golpean la economía de miles de pequeños negocios que son amenazados con ataques con explosivos o incendios y que han cobrado la vida de 239 transportistas en 2025, sobre todo de mototaxistas que operan en las zonas más pobres.
La oposición política ha formulado una serie de pedidos a Fujimori, incluida la derogación de un conjunto de leyes aprobadas por el anterior Parlamento dirigidas por el fujimorismo que, según los expertos, debilitan la lucha contra el crimen organizado.
Esas normas eliminan la detención preventiva en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos.
La líder conservadora prometió en campaña que enfrentará el crimen con “mano dura” siguiendo al modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. También ha dicho que construirá una cárcel similar a la salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo e implantará jueces con el rostro cubierto como ocurrió durante el gobierno de su padre.
Los opositores le han solicitado, además, una comisión para investigar las muertes de 50 civiles a manos de la fuerza pública durante las manifestaciones de 2022 y 2023 que exigieron nuevas elecciones y que surgieron tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022).
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