- No se trata solo de repartir dinero, sino de emparejar los recursos con las responsabilidades reales en salud y educación para evitar que las regiones asuman cargas financieras sin respaldo.
Marcelo Padilla
La Paz, Innovapress, 9 ago 2026.- El modelo o la Agenda 50-50 tiene sentido y es jurídicamente viable sin modificar la Constitución Política del Estado (CPE). El Gobierno nacional y los nueve gobernadores firmaron el Acuerdo 001/2026 de la Agenda 50-50, estableciendo que la redistribución de ingresos fiscales y la coparticipación tributaria se aplicarán de forma gradual desde 2027 mediante una ley especial y la modificación de normativas secundarias (como la Ley Marco de Autonomías y la Ley de Clasificación de Impuestos), sin necesidad de alterar el texto constitucional.
Para comprender a fondo por qué el modelo 50-50 es viable sin tocar la Constitución, es necesario analizar cómo está estructurado el marco legal boliviano y qué cambios específicos se acordaron en la Agenda 50-50 firmada el 5 de agosto reciente en la capital.
Reparto e impuestos
El reparto actual (donde el nivel central retiene cerca del 75% al 80% de los ingresos de recaudación de impuestos nacionales) está regulado por leyes ordinarias, decretos y la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización. Por lo tanto, para cambiar la distribución al 50-50, el camino es legislativo, no constitucional:
- Modificación de la Ley de Clasificación y Definición de Tributos: Permite transferir la administración o la recaudación de ciertos impuestos nacionales a las regiones.
- Nueva Ley Especial de Coparticipación: Una norma aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que rediseñe la fórmula de distribución de los impuestos nacionales (como el IVA, el IT o el ICE).
- Abrogación de decretos centralizadores: Eliminación de normas menores que obligaban a las regiones a revertir saldos presupuestarios o que centralizaban fondos de manera arbitraria.
2. El principio de «Gradualidad» (La transición 2027)
El acuerdo firmado entre el Gobierno central y los nueve gobernadores determinó que un cambio abrupto quebraría las finanzas estatales. Por ello, el 50-50 se aplicará mediante un cronograma técnico gradual que inicia en 2027:
- Mesas técnicas sectoriales: Durante 2026 se diseñan los nuevos catálogos de competencias y conciliaciones de cuentas.
- Traspaso escalonado: No se pasará del presupuesto actual al 50-50 en un solo año. Se incrementarán los porcentajes de asignación regional de manera paulatina en el Presupuesto General del Estado (PGE) de cada gestión.
3. El verdadero núcleo: El pacto fiscal y las competencias
El debate del 50-50 no es solo «recibir más dinero», sino quién paga qué. Si las regiones reciben el 50% de los recursos, también deben asumir la responsabilidad total de financiar los servicios en sus territorios:
- El dilema de Salud y Educación: Actualmente, los ítems (salarios) de médicos, profesores y personal administrativo los paga el Gobierno central. El debate técnico actual define si esos salarios pasarán a ser pagados por las gobernaciones con su nuevo 50%, o si el nivel central retendrá esa carga a cambio de otras competencias.
- Sostenibilidad del nivel central: El Gobierno central debe retener fondos suficientes para la política exterior, la defensa nacional, la seguridad del Estado, las grandes obras de infraestructura interdepartamental y la estabilidad de la moneda. El modelo 50-50 busca el equilibrio para que el Estado central no quede insolvente.
4. Viabilidad política: El rol de la ALP
Aunque no se necesita un referéndum constitucional (lo que haría el proceso largo, costoso y polarizante), el éxito del 50-50 depende exclusivamente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Al ser una reforma basada en leyes de coparticipación y presupuestos, requiere el voto de la mayoría parlamentaria. Dado que el acuerdo fue firmado por el Gobierno nacional y los gobernadores (que representan a diferentes fuerzas políticas), existe un consenso inicial, pero el diseño específico de cada ley sectorial en el Parlamento será el verdadero campo de negociación.
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