- Pero, por donde se vea hay ciertos movimientos y trámites que no cuadran.
Por Marcelo Padilla
La Paz, Innovapress, 14 ago 2026.- Una severa tormenta política y jurídica sacude al gabinete económico del Órgano Ejecutivo tras la denuncia penal interpuesta por el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, contra el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza. La acción penal acusa a la autoridad de presuntas irregularidades en la adquisición, subvaluación notarial y omisión de registro estatal de una vagoneta particular Audi Q4 e-tron de fabricación china.
A pesar de que el ministro Espinoza emitió un comunicado oficial y compareció ante medios televisivos afirmando que «no tiene nada que ocultar» y que su Declaración Jurada de Bienes y Rentas se encuentra plenamente actualizada tras una rectificación de emergencia, el análisis pormenorizado de los flujos de trámites y las declaraciones públicas de la autoridad revela una serie de incongruencias y movimientos financieros que continúan bajo una fuerte sospecha pública.
Las cifras cruzadas que no cuadran
La denuncia penal interpuesta por el vicepresidente Lara se fundamenta de forma estricta en el testimonio de escritura pública N.º 1685/2026, protocolizado el pasado 30 de abril de 2026. En dicho documento legalizado, el valor de transferencia del vehículo fue consignado formalmente en apenas Bs 50.000. Sin embargo, el propio ministro Espinoza admitió públicamente que el costo real de adquisición pactado con el importador ascendió a los Bs 350.000 (aproximadamente $us 35.000).
La brecha de Bs 300.000 entre el valor notarializado y el valor real de compra motivó a Lara a denunciar al titular de Economía por los presuntos delitos de falsedad en la declaración jurada, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y enriquecimiento ilícito, solicitando la intervención inmediata de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
“Hay un error, evidentemente, en la declaratoria del valor de venta. Identificado el error, solicité inmediatamente su rectificación, por lo cual el importador deberá realizar las gestiones necesarias en las instancias que corresponda”, se defendió Espinoza en contacto con la Red Uno, atribuyendo la millonaria diferencia a una supuesta negligencia de una agencia tramitadora externa y negando cualquier tipo de evasión o elusión fiscal.
El polémico vacío en la Contraloría
El segundo punto crítico de la fiscalización radica en los tiempos de la declaración patrimonial. Según los registros de la Contraloría General del Estado adjuntados en la querella, el ministro Espinoza presentó su Declaración Jurada el 29 de junio de 2026 —dos meses después de haber firmado la compra del motorizado— reportando activos totales por apenas Bs 9.367, omitiendo por completo la tenencia de la vagoneta Audi adquirida en abril.
Espinoza alegó que la información del vehículo y la deuda contraída ya fueron incorporadas a la base de datos de la Contraloría mediante un trámite de rectificación posterior que habilita el sistema informático. «Si mi intención hubiera sido esconder este vehículo, nunca se habría realizado la adquisición, registro y documentación a mi propio nombre», remarcó el Ministro en su comunicado oficial.
Financiamiento privado y exenciones bajo la lupa
Para justificar el origen de los Bs 350.000, el titular de Economía detalló que una fracción del monto fue cubierta con los recursos obtenidos por la venta de un vehículo motorizado anterior que poseía antes de asumir el cargo público, mientras que el saldo restante fue financiado mediante un «crédito directo de carácter privado» que continúa pagando mensualmente a particulares, sin precisar la identidad de los acreedores.
Respecto al tema tributario, el Ministro argumentó que, al tratarse de un vehículo 100% eléctrico ingresado por primera vez a circulación nacional, la normativa vigente lo exime del pago del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) y del gravamen arancelario. Añadió que el impuesto municipal a la transferencia recae legalmente sobre el vendedor importador y no sobre el comprador, asegurando que los tributos de internación aduanera se encuentran completamente cancelados de origen.
“En los últimos días, la adquisición de mi vehículo ha sido utilizada para instalar versiones que ponen en duda mi honestidad, afectando mi dignidad y la tranquilidad de mi familia. No pido un trato diferente por ser autoridad; pongo esta información a disposición de la ciudadanía para que sea revisada”, concluyó Espinoza, mientras el Vicepresidente Lara ratificó que todo servidor público tiene la obligación ineludible de transparentar su patrimonio ante la justicia ordinaria.
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