- La drástica intervención civil contra la extracción del oro en el río Boopi confluye con el secuestro en la plaza principal de 15 volquetas y una fuerte crisis de fiscalización estatal por la falta de logística de la AJAM.

La Paz, Innovapress, 24 ago 2026.- Lo sucedido en La Asunta (zona amazónica al norte de La Paz) cuando pobladores intervinieron un campamento minero a orillas del río Boopi vinculado a empresarios chinos acusados de extracción ilegal de oro y contaminación puso en evidencia una vez que los transnacionales depredan la naturaleza en suelo boliviano.
El conflicto escaló rápidamente hacia una situación de extrema tensión regional que derivó en la quema de maquinaria pesada, el decomiso de equipo pesado y violentos choques físicos entre comunarios y operarios, abriendo un escenario de fiscalización comunal ante la denunciada inacción de las agencias estatales encargadas del control minero.
Ante esa permisividad, comunarios y miembros de las federaciones campesinas, bajo la dirección de la Federación Especial Única de Trabajadores Campesinos de La Asunta (FEUTCA), ingresaron a la zona para frenar los trabajos auríferos, lo que desató enfrentamientos y heridos.

Los choques armados con piedras y objetos contundentes dejaron un saldo verificado de ocho personas heridas con traumas craneales y fracturas, incluyendo a la dirigente Paulina Vergara y a una mujer evacuada de urgencia hacia la ciudad de La Paz debido a la gravedad de sus lesiones estructurales.
Durante la toma, los pobladores destruyeron e incendiaron volquetas y maquinaria pesada, reteniendo otro lote de motorizados para entregarlos al municipio. En total, el sector civil logró secuestrar e inventariar 15 volquetas y excavadoras, trasladándolas bajo custodia hasta la plaza principal de La Asunta para evitar su devolución y exigir que sirvan para reparar los daños viales.
La indignación popular radica en el severo daño ambiental que provocan estas operaciones mecanizadas a cielo abierto. Los comunarios denuncian que la actividad desvía el cauce natural del río y destruye las franjas ribereñas, multiplicando de forma artificial los efectos destructivos de las recientes riadas e inundaciones que golpearon la zona.

Los desmontes y lavados de grava no regulados alteraron de tal manera la cuenca del Boopi que provocaron el colapso de la plataforma caminera y la pérdida de viviendas en sectores vulnerables como Charabamba, una acumulación de desastres que forzó al Gobierno Autónomo Municipal a promulgar la declaratoria formal de desastre natural dentro de toda la jurisdicción yungueña.
Ante la magnitud del conflicto, un masivo cabildo abierto declaró personas no gratas a los ciudadanos chinos involucrados y solicitó la intervención urgente de la Dirección Nacional de Migración para su inmediata expulsión del país.
Asimismo, las determinaciones de la concentración social recriminaron con dureza la inacción de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y del Ministerio de Minería frente al avance sin control de estas operaciones.
La crisis de fiscalización estatal quedó al descubierto tras el polémico pronunciamiento de la AJAM, entidad que admitió haberse enterado del asalto a través de las redes sociales y justificó su falta de presencia oportuna argumentando que solo dispone de tres vehículos motorizados para fiscalizar las denuncias de minería ilegal en la totalidad del territorio nacional, viéndose completamente desbordada por la demanda actual.

Mientras el grueso de las organizaciones matrices respalda los controles comunales y mantiene las vigilias sobre el equipo pesado incautado, existen fuertes fricciones locales ya que se constató que algunos pobladores, dirigentes vecinales o concesionarios locales habrían facilitado de forma subrepticia la llegada de los capitales y la maquinaria extranjera a la región.
Las bases lanzaron severas advertencias dirigidas al gabinete del presidente Rodrigo Paz, asegurando que no levantarán las medidas de presión ni devolverán las volquetas hasta que se ejecute el desalojo definitivo de las firmas transnacionales de toda la cuenca del Boopi.
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