- El bloque agroproductivo del norte de Santa Cruz, cañeros, arroceros y el transporte pesado fracturan la tregua con el Ejecutivo y dan plazos de hasta 24 horas para abrogar el precio de Bs 18 del diésel. Los sectores afines al evismo se autoconvocan en el Chapare.
La Paz, Innovapress, 24 ago 2026.- A semanas de que expire el Estado de excepción, la política hidrocarburífera de Palacio Quemado ha detonado un frente de conflicto que amenaza con paralizar los motores productivos del país. Nueve de los sectores más potentes del aparato agrario y el transporte pesado rompieron el silencio institucional y articularon un bloque de resistencia civil, exigiendo la anulación inmediata del Decreto Supremo 5676.
Las bases desafiaron las medidas de seguridad vigentes y lanzaron un ultimátum de entre 24 y 48 horas al gabinete del presidente Rodrigo Paz Pereira, bajo advertencia explícita de activar un bloqueo indefinido de carreteras en el eje central.
El epicentro de la sublevación agraria estalló en el Norte Integrado de Santa Cruz, la despensa alimentaria de Bolivia. Campesinos y productores de las provincias Warnes, Obispo Santisteban, Sara e Ichilo sellaron un pacto de unidad tras un ampliado de emergencia, dictando un plazo fatal de 48 horas para la abrogación de la norma, a la que calificaron como un atentado directo a la economía familiar.
La presión subió de tono en los municipios de San Juan y Yapacaní, donde las bases se movilizaron en una masiva marcha que tomó la localidad de Santa Fe; desde allí, los agroproductores radicalizaron la postura y dieron apenas 24 horas al Ejecutivo para retroceder con el incremento del diésel antes de proceder al cierre total de las rutas troncales.
Desde el ala corporativa, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) descascaró el discurso oficial. Su presidente, Klaus Frerking, tildó de «improvisado y discriminador» el decreto que fija en Bs 18 el litro del diésel, desmintiendo de forma tajante que la medida haya sido consensuada con los productores.
Frerking alertó que el «diéselazo» desatará un encarecimiento inevitable en los productos de la canasta básica y convocó a un congreso nacional de emergencia para este jueves.
La crisis golpea con doble fuerza a la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) y a los cañeros de Confederación de Cañeros de Bolivia (Concabol); estos últimos denunciaron encontrarse en una situación de asfixia financiera extrema debido a que el propio Estado les adeuda más de 400 millones de bolivianos por el suministro de etanol, dejándolos sin liquidez justo cuando les imponen el combustible más caro de la región.
El estrangulamiento al plan gubernamental sumó el músculo del autotransporte y el ala política del trópico de Cochabamba.
El ejecutivo de los choferes, Lucio Gómez, ratificá el estado de emergencia nacional argumentando que la falta de carburantes en los surtidores y las deudas bancarias hacen inviable la producción con las nuevas tarifas.
Al escenario de asfixia se unieron los productores arroceros del Beni y los campesinos del trópico afines a Evo Morales, quienes rechazaron en bloque tanto el DS 5676 como el DS 5652 que congela los precios generales de los carburantes hasta enero de 2027. Con las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico cochabambino convocando a concentraciones masivas, el Gobierno enfrenta un cerco civil simultáneo en sus fronteras agrarias y en las rutas de transporte, transformando el descontento por el diésel en el desafío político más complejo antes de que concluya el régimen de excepción.
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