- El bloque de los nueve departamentos fijó un ultimátum hasta el 14 de septiembre para concertar un diálogo directo; demandan la derogación inmediata del Decreto Supremo 5676.
Cochabamba, Innovapress, 2 sep 2026.- La institucionalidad cívica de Bolivia unificó sus posiciones y emplazó al presidente Rodrigo Paz para frenar el desborde de la crisis energética y social. Tras concluir un cónclave el Movimiento Cívico Nacional emitió un pronunciamiento conjunto exigiendo una reunión de carácter urgente con el jefe de Estado, fijando como plazo fatal antes del 14 de septiembre para sentar una mesa técnica que frene el desabastecimiento crónico de carburantes.
La resolución de las delegaciones departamentales atribuye la escasez de diésel y gasolina de forma fáctica a las limitaciones financieras del Gobierno y de YPFB, advirtiendo que persistir en el modelo actual empujará al país al desastre y la convulsión civil.
“El Movimiento Cívico Nacional exige al presidente del Estado reunirse con los nueve presidentes cívicos de Bolivia antes del 14 de septiembre (…). Si el Gobierno no tiene capacidad de sostener este gasto, debe liberar de inmediato las restricciones para que inicie la solución”, reza el manifiesto leído por el anfitrión Jhonny Quintela junto al líder cruceño, Stello Cochamanidis.
La propuesta estructural de los cívicos plantea romper de raíz el monopolio estatal autorizando la libre importación, comercialización y distribución de combustibles a favor de los actores privados.
Para viabilizar este esquema y combatir el agio, el contrabando y la especulación en el mercado negro, el bloque nacional demanda reducir la carga impositiva, eliminar aranceles aduaneros en línea con las normativas del Mercosur y obligar a YPFB a poner su infraestructura de almacenamiento a disposición de los operadores privados, exigiendo en paralelo la derogación inmediata del Decreto Supremo 5676 por profundizar la distorsión de precios en el aparato productivo.
El pliego de conclusiones incluye dos determinaciones de alto impacto político y económico dirigidas a la plaza Murillo.
Por un lado, exigen redefinir la distribución fiscal bajo un esquema equitativo del 50%-50% entre el nivel central y las entidades subnacionales; por el otro, instaron formalmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional a tratar con urgencia proyectos de ley destinados a sancionar penalmente los bloqueos de carreteras.
Con esta última moción, el cónclave cívico marca distancia del cerco que ejecutan los interculturales en el oriente, apostando por una línea de resistencia institucionalizada a la espera de la respuesta presidencial.
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