- La institucionalidad cruceña aprobó un manifiesto de seis puntos que exige la liberación total de los combustibles y la abrogación del DS 5676; el Ejecutivo mantiene la vigencia de la norma para frenar distorsiones.
Santa Cruz, Innovapress, 10 sep 2026.- Un ultimátum institucional y técnico. La Asamblea de la Cruceñidad, convocada por el Comité pro Santa Cruz, concluyó las últimas horas del miércoles con la aprobación de un voto resolutivo que otorga un plazo al Gobierno hasta el próximo 10 de octubre —Día de la Democracia— para resolver de manera estructural la aguda escasez de diésel y gasolina.
El manifiesto sectorial advierte que, en caso de no recibir respuestas concretas a sus seis demandas principales, se iniciará un plan de movilizaciones escalonadas en las calles y se convocará a un cabildo departamental.
El encuentro extraordinario, desarrollado en los salones de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), congregó a delegados de las 15 provincias, transporte, juntas vecinales y al bloque productivo y agropecuario de la región.
El presidente del ente cívico, Stello Cochamanidis, explicó que las resoluciones priorizan una salida técnica viable frente al perjuicio inmediato de los paros, con el objetivo de evitar que el incremento operativo de la cadena energética continúe encareciendo la canasta familiar.
Entre las principales exigencias adoptadas, la institucionalidad demandó la abrogación del Decreto Supremo 5676 —que eliminó la subvención del diésel para grandes consumidores fijando una tarifa de Bs 18— y conminó a la liberación total de la importación, distribución y comercialización de hidrocarburos para el sector privado, eliminando aranceles burocráticos y rompiendo el monopolio de YPFB.
El pliego exige además la inmediata aplicación del modelo financiero del «50-50» desde 2027, la restitución de competencias de salud y educación cercenadas a gobernaciones y municipios, y la erradicación de supuestas redes de corrupción dentro de la estatal petrolera y la ANH.
Facultades y postura oficial
La resolución delegó poder absoluto al Directorio cívico para definir la logística de las protestas si el Órgano Ejecutivo no atiende el pliego. Previniendo cualquier escenario de desestabilización en el legislativo, Cochamanidis conminó de manera abierta a los parlamentarios de la Brigada Cruceña a gestionar por la vía regular los proyectos normativos que viabilicen la compra directa sin trabas impositivas.
Por su parte, la administración central mantuvo una postura firme respecto a las medidas de regulación fiscal.
El vocero del Ejecutivo, José Luis Gálvez, descartó la posibilidad de dar marcha atrás con el DS 5676, fundamentando que una abrogación abrupta alteraría el mercado interno e incrementaría las distorsiones de precios. Pese al ultimátum cívico, el portavoz ratificó que los canales técnicos y las mesas de diálogo público-privadas continuarán operando para estabilizar el suministro energético nacional de manera coordinada.
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