- El Comité pro Santa Cruz convocó a todas las instituciones de la región para fijar acciones de protesta ante el «diéselazo»; el Gobierno se planta en su posición y descarta dar marcha atrás a las tarifas flotantes para grandes consumidores.
Santa Cruz, Innovapress, 31 ago 2026.- El Comité pro Santa Cruz activó sus mecanismos de emergencia institucional para enfrentar de forma orgánica el impacto económico derivado de la política hidrocarburífera de Palacio Quemado.
La dirigencia cívica cruceña convocó formalmente para este martes 1 de septiembre a la Asamblea de la Cruceñidad, escenario en el cual todas las fuerzas vivas de la región definirán las medidas de presión y los frentes de resistencia civil que asumirá el departamento en rechazo al Decreto Supremo 5676, normativa que fijó en 18 bolivianos por litro el precio del diésel para los grandes consumidores del sector productivo.
El presidente de la entidad cívica, Stello Cochamadidis, manifestó que el encuentro aglutinará de urgencia a las delegaciones del agro, el transporte organizado, gremiales y plataformas ciudadanas, ante lo que califican como un «atentado directo» contra la seguridad alimentaria del país y los costos de operación en plena zafra y cosecha de invierno.
La convocatoria cívica se produce en un ambiente de alta ebullición agraria en las provincias de la región oriental, coincidiendo con los aprontes de bloqueo de carreteras ya oficializados por las bases campesinas y vecinales del municipio de San Julián para este próximo miércoles.
YPFB
Frente al inminente dictamen de medidas de fuerza en el oriente, el Órgano Ejecutivo cerró filas de manera taxativa para defender la vigencia de la reforma fiscal.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, ratificó públicamente este lunes que el Gobierno nacional no abrogará bajo ninguna circunstancia el Decreto Supremo 5676, argumentando que el esquema impositivo de precios flotantes y diferenciados resulta técnicamente indispensable para aliviar la asfixia financiera de la subvención estatal y garantizar la importación regular de combustibles para el mercado interno.
La inamovible postura asumida por la estatal petrolera introduce un factor de máxima colisión institucional frente a las resoluciones que emanen de la Asamblea de la Cruceñidad en las próximas horas.
Mientras los sectores productivos cruceños exigen el retorno inmediato al diésel subvencionado para evitar una escalada inflacionaria descontrolada en la canasta familiar, las autoridades energéticas condicionan el suministro regular al acatamiento estricto de las nuevas bandas tarifarias, configurando un escenario de desacato civil y desobediencia económica en las vísperas del vencimiento de las treguas agropecuarias.
Revisa también: Si hasta el domingo no se abroga el DS 5676, el Comité pro Santa Cruz llamará a la Asamblea de la CruceñidadIP/RDC
