- Tras la restricción de visados de Estados Unidos a 40 ciudadanos por corrupción y narcotráfico, se desatan renuncias en Santa Cruz y la purga de 60 funcionarios fiscales. La lista se completará y el temor cala hondo en círculos políticos y judiciales. Ven que el veto de visas constituye una decisión administrativa y no una condena penal, pero insisten en que debe impulsar al Ministerio Público a examinar de oficio los hechos.
Por Marcelo Padilla
La Paz, Santa Cruz, Innovapress, 24 oct 2026.- Según un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la administración de Donald Trump resolvió restringir la concesión de visados a 40 ciudadanos bolivianos —especificando que se trata de 15 cargos o excargos públicos y 25 familiares directos— tras acusarlos de hechos de corrupción y vínculos con el tráfico de drogas.
La medida, firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, bajo el amparo de la iniciativa regional Escudo de las Américas, provocó un inmediato sismo institucional que no solo descabezó temporalmente estructuras del Órgano Judicial, sino que, alcanza directamente a funcionarios de alto rango de la actual gestión del presidente Rodrigo Paz, cuyas destituciones formales se prevén en cualquier momento ante la inminente difusión del resto de la nómina.
El reporte del Departamento de Estado sostiene que las políticas adoptadas en la cumbre de seguimiento de septiembre buscan sancionar a ciudadanos extranjeros que socavan a los gobiernos democráticos mediante actividades ilícitas, independientemente de su afiliación política. La filtración y publicación de los primeros nombres dejó en evidencia la penetración de estas redes en los niveles de control fiscal, judicial y aduanero del país.
Funcionarios de Rodrigo Paz en el veto
El documento de la diplomacia estadounidense dirigió las sanciones a un bloque mixto de autoridades. Entre el personal jerárquico vinculado al Ejecutivo de Rodrigo Paz, las listas y reportes oficiales identifican a:
- Diego Alejandro Barboza: Exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
- Alberto Soto de la Vía: Expresidente de la Aduana Nacional, nombrado por la administración de Paz.
- Katherine Calderón Valle: Exdirectora general de Migración.
- Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar: Exdirector departamental del Segip en Santa Cruz.
- Fernando Ronald Velasco Soliz: Exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la FELCN en el aeropuerto internacional de Viru Viru.
- Freddy Bismarck Pereira: Exdirector general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y comandante policial.
Frente al escándalo, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, declaró que todas las personas de la actual gestión gubernamental que figuran en el listado estadounidense ya fueron apartadas de sus cargos. Detalló que algunos ceses se ejecutaron hace semanas y otros se consolidaron en los últimos días como medida de control interna.
Lara y la sospecha de una lista ‘camuflada’
La tensión política se incrementó tras las declaraciones del vicepresidente, Edmand Lara, quien denunció que la nómina emitida por Washington se encuentra incompleta y sugirió un presunto ocultamiento de nombres.
“Llama la atención. En primera instancia, habría una segunda lista de 22 ciudadanos, pero ahora solo aparecen 15. ¿Y dónde están los otros siete?”. Le pedimos al Departamento de Estado de Estados Unidos que no camufle a nadie y que haga conocer toda la lista”, anotó.
Por su parte, el exembajador ante la Organización de Estados Americanos-OEA, Jaime Aparicio, coincidió en que el escenario advertido por Lara es técnicamente viable debido a la magnitud del crimen organizado, calificando como “vergonzoso pero real” el involucramiento de cuadros gubernamentales.
El exdiplomático criticó que a casi un año del mandato de Rodrigo Paz no se haya avanzado en la reforma judicial ni en desmantelar la estructura corrupta enquistada en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Repercusiones y purga institucional
Los compromisos de la iniciativa Escudo de las Américas provocaron una inmediata reconfiguración en las instituciones del Estado:
- Poder Judicial: Tras la exigencia pública del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada, presentó su renuncia irrevocable a su cargo y a su vocalía en la Sala Constitucional Segunda. El vocal Julio Nelson Alba también permanece bajo extrema presión de destitución.
- Ministerio Público: La Fiscalía General del Estado confirmó la desvinculación inmediata de 60 funcionarios que ejercieron funciones durante la gestión del exfiscal general Róger Mariaco, detenido en septiembre. Entre los despedidos figuran los fiscales sancionados por Estados Unidos, Félix Gerardo Balderas (Beni) y Julio César Porras (Santa Cruz).
- Poder Legislativo: Los diputados Rafael Darío López Mercado (Libre) y Rolando Santos Pacheco (Alianza Popular) rechazaron las acusaciones argumentando su presunción de inocencia, atribuyendo la medida a intereses políticos. No obstante, el expresidente Jorge Quiroga y el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco exigieron la suspensión de López de la Cámara Baja.
‘La ola grande está por llegar’
El abogado constitucionalista y exfiscal William Herrera advirtió que las restricciones conocidas hasta el momento podrían no representar la dimensión total del problema. Herrera aclaró que el veto de visas constituye una decisión administrativa y no una condena penal, pero insistió en que debe impulsar al Ministerio Público a examinar de oficio los hechos.
El jurista desestimó las solicitudes del entorno político que exigen a Estados Unidos la presentación de pruebas: “Las pruebas están en Bolivia, los hechos han sucedido en Bolivia”, aseveró, instando a revisar de inmediato los expedientes y resoluciones de los fiscales y jueces observados.
Herrera concluyó que este escándalo ratifica la urgencia de una reforma estructural profunda que incluya presupuestos, tecnología y depuración en la Policía, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el Ministerio Público —donde propuso la creación de una Vicefiscalía General—, sentenciando que el entorno político actual es solo la antesala de una crisis mayor: “Todavía no ha llegado la ola grande, viene una ola mucho más grande de listas”.
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