- Romer Saucedo ve que para el TSJ es necesario coordinar con la DEA tras inclusión de magistrado cruceño en lista de desvisados.
Sucre, La Paz, Innovapress, 24 oct 2026. – Tras la difusión de una segunda lista de ciudadanos bolivianos sancionados con la revocatoria de visados por parte de Estados Unidos, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, señaló que la máxima institución judicial del país tiene la urgente necesidad de coordinar acciones directas con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
La declaración marca un giro histórico en la política judicial y de seguridad del Estado boliviano, abriendo la puerta al retorno operativo del organismo civil estadounidense tras casi dos décadas de expulsión en territorio nacional.
El pronunciamiento de la máxima autoridad judicial surge luego de que el Gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump y mediante un dictamen del secretario de Estado, Marco Rubio, emitiera un nuevo listado punitivo que involucra a 15 altos cargos públicos y a 25 de sus familiares directos, amparado en la iniciativa regional Escudo de las Américas bajo el argumento de presuntos vínculos con actividades de corrupción institucional y narcotráfico transnacional que afectan la gobernabilidad democrática.
Crisis en el Órgano Judicial y relevo inmediato en Santa Cruz
La determinación de Washington impactó el núcleo del Órgano Judicial al incluir formalmente a Aldo Ismael Quezada Cerruti, quien hasta este jueves se desempeñaba como presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz y vocal de la Sala Constitucional Segunda.
Ante la gravedad de los señalamientos de la diplomacia norteamericana, Saucedo le exigió públicamente su renuncia irrevocable al cargo, la cual se consolidó de manera inmediata para viabilizar una reestructuración interna en el distrito judicial cruceño.
Para contener el daño institucional y garantizar la continuidad administrativa de los tribunales de Santa Cruz, el presidente del TSJ designó en reemplazo de Quezada a la magistrada Irma Villavicencio Suárez, una profesional técnica de alta data que cuenta con 28 años de trayectoria ininterrumpida dentro del Órgano Judicial boliviano.
La Sala Plena del TDJ cruceño prevé evaluar en las próximas horas las directrices de conducción bajo esta nueva jefatura interina.
Apertura a la fiscalización y convenios internacionales
“Nuestra postura institucional es bastante clara: necesitamos coordinar con la DEA y con todos los organismos internacionales que nos proporcionen mecanismos para fortalecer la lucha contra las drogas, la corrupción y el crimen organizado”, manifestó Saucedo y argumentó que las pruebas de los supuestos ilícitos cometidos por los funcionarios observados deben ser procesadas penalmente dentro de la jurisdicción boliviana.
También indicó que las jefaturas de la magistratura ya han establecido puentes técnicos de coordinación y mesas de trabajo con la cooperación de la Unión Europea y diversas agencias operativas del Gobierno norteamericano.
El objetivo central de estos acercamientos bilaterales consiste en estructurar un frente común para hacer frente a los delitos transnacionales y ejecutar procesos de auditoría, fiscalización y depuración dentro del sistema de administración de justicia y del Ministerio Público.
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