- En ella se podrían asumir medidas de presión.
Santa Cruz, Innovapress, 28 ago 2026.- El cerco de desobediencia civil en el oriente del país acaba de sumar su brazo institucional definitivo. El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, notificó al Poder Ejecutivo que el bloque cívico activará de inmediato la convocatoria a la Asamblea de la Cruceñidad —máxima instancia de decisión, deliberación y movilización departamental— si el presidente Rodrigo Paz no abroga el Decreto Supremo 5676 hasta las 24:00 de este domingo 30 de agosto.
La determinación cívica se alinea orgánicamente al ultimátum perentorio dictado por el Congreso de la CAO en Warnes, elevando la fricción impositiva a un escenario de inminente paro cívico y resistencia regionalizada frente al plan gubernamental de hidrocarburos.
El líder del ente cívico cruceño fustigó con dureza los justificativos expuestos en La Paz por el ministro Fernando Aramayo, desmintiendo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exija de forma obligatoria la imposición administrativa de una tarifa flotante de 18 bolivianos para estrangular las cadenas de provisión de los grandes consumidores locales.
“No es que haya pedido el FMI un decreto específicamente en esto; lo que pedía es que mejoren las condiciones de forma estructural. El reclamo central acá es que el esquema impositivo sea para todos por igual. El Gobierno impuso una norma sin reglamentación que destruye el equilibrio financiero, genera incertidumbre y alimenta un contrabando masivo en las fronteras”, sentenció Cochamanidis, argumentando que el sector agropecuario nacional no puede costear un incremento que atenta de forma directa contra el precio de la canasta familiar.
El cronograma de presión institucional quedó formalmente sellado para este lunes 31 de agosto a las 09:00, hora en la que sesionará de emergencia el directorio cívico ampliado en la capital oriental.
Cochamanidis confirmó que en dicha reunión se evaluarán los avances del pliego sectorial de 10 puntos planteado la semana pasada ante el gabinete económico y los ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde se exige la eliminación inmediata de los controles discrecionales a las cuotas de combustibles, la remoción de las partidas impositivas sobre los carburantes y la supresión técnica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por considerarla un aparato de asfixia regulatoria ineficiente.
“El Gobierno tiene en sus manos que no lleguemos a esa instancia extraordinaria de la Asamblea. Esto no es una guerra ni una batalla faccional, el Gobierno tiene que sacarse de la cabeza que los sectores de Santa Cruz o del resto del país quieren enfrentarlo o derrocarlo. Hay gente sumamente capaz en las instituciones técnicas dispuesta a buscar un equilibrio, pero el Ejecutivo debe dejar de imponer recetas bilaterales y tratar de frente con la realidad real de las provincias que alimentan al país”, remarcó el presidente cívico, advirtiendo que el problema ya tiene un carácter nacional indetenible que amalgama a agropecuarios, gremiales y al bloque municipal de la FAM.
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