- A un paso de la prórroga decretada por el gabinete de Rodrigo Paz y de la autorización o rechazo de la Asamblea, políticos y sectores sociales cuestionan la efectividad real de la medida que costó millones al TGN y que hoy arrastra el desacato de transportistas y gremiales, entre otros.
Por Marcelo Padilla
La Paz, Innovapress, 15 sep 2026.- La posible ampliación por 90 días adicionales del Estado de excepción en Bolivia abre un complejo escenario de debate sobre los verdaderos alcances de esta medida extraordinaria, implementada el pasado 20 de junio.
Mientras el Órgano Ejecutivo defiende el uso de las Fuerzas Armadas y de la Policía como la única garantía para blindar la reactivación productiva, los hechos en las carreteras y las protestas en los centros urbanos configuran un balance donde el control uniformado parece haber contenido los síntomas, pero sin desactivar la raíz de la crisis.
El principal logro esgrimido por el Gobierno radica en la liberación transitoria de las rutas del eje central, que a mediados de año sufrieron una severa asfixia logística por la escasez de divisas y carburantes. Las patrullas conjuntas de militares y policías consiguieron despejar puntos críticos de conexión interdepartamental.
No obstante, el costo político e institucional ha sido elevado: el decreto sirvió también como un “candado constitucional” automático que mantiene paralizada la agenda de reformas a la Constitución Política del Estado (CPE), impidiendo el debate de fondo sobre la restructuración judicial y del sistema electoral.
Repercusiones políticas
El expresidente y jefe de la alianza Libre, Jorge ‘Tuto’ Quiroga consideró: “El Estado de excepción no fue efectivo. Insistir en una prórroga solo retrasará las reformas estructurales urgentes destinadas a atraer inversión extranjera al país”.
Para la diputada Julieta Jiménez de la alianza Unidad: “El Gobierno central desperdició las facultades excepcionales durante estos tres meses, toda vez que los problemas de fondo siguen intactos. Siguen siendo evidentes las filas por combustible y el encarecimiento de los productos de la canasta familiar”.
De acuerdo con la senadora Ana María Crispín (PDC): “Lamentablemente, cada paso que da el Gobierno es un error. Este primer periodo de excepción solo sirvió como un analgésico político que ocultó la crisis económica, pero no curó absolutamente nada”.
El desafío social
A pesar de la vigencia del despliegue militar, los sectores sociales más duros del país comenzaron a gestar movilizaciones que desafían abiertamente la prórroga de la medida excepcional.
El bloque del transporte pesado y libre de Cochabamba, junto a los gremiales de El Alto y agropecuarios del oriente ratificaron sus respectivos ultimátum señalando que el control de caminos no resuelve el desabastecimiento de diésel ni la inflación en los productos de la canasta básica.
Dirigentes sectoriales advirtieron que la extensión del régimen de excepción ya no surte el efecto persuasivo inicial en las bases y anticipan un escenario de desacato civil organizado a partir del próximo 21 de septiembre. “Los decretos no llenan los tanques de combustible de los camiones”, fustigaron los transportistas, evidenciando que el aparato disuasivo estatal enfrenta un proceso de desgaste frente al descontento popular por el costo de vida.
Blindaje transitorio
En el plano de los resultados económicos, la medida sirvió para asegurar el flujo transitorio de camiones cisterna desde las fronteras, pero obligó al Tesoro General de la Nación (TGN) a realizar millonarias reasignaciones presupuestarias —como los recientes Bs 6.000 millones inyectados a YPFB— para sostener el esquema de importación de crudo.
El balance de los primeros tres meses expone así una paradoja para la administración de Rodrigo Paz: el Estado de excepción funcionó como un respirador artificial para la transitabilidad del país y un freno político para la oposición en la Asamblea, pero su ampliación se activa en un momento donde la presión de las calles amenaza con romper el cerco militarizado y poner a prueba los límites reales del control gubernamental.
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