- A través del Decreto 5705, la administración Paz elevó de forma drástica el límite de asignación de recursos fiscales. La medida busca cubrir el millonario diferencial de la importación de crudo y diésel en plena cuenta regresiva hacia el fin de los subsidios.
La Paz, Innovapress, 15 sep 2026.- El Ejecutivo activó un millonario salvavidas financiero para contener el desabastecimiento crónico de carburantes. Mediante el Decreto Supremo 5705, emitido el lunes 14 de septiembre, el presidente Rodrigo Paz autorizó al Tesoro General elevar hasta los Bs 6.000 millones el monto presupuestario máximo que podrá ser transferido a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con el fin de sostener la importación de hidrocarburos.
La nueva disposición legal modifica de forma directa los topes financieros fijados previamente en los decretos 5652 y 5683.
Al triplicar el techo autorizado —que antes se situaba en Bs 2.000 millones—, el gabinete ministerial busca inyectar liquidez inmediata a la estatal petrolera para cubrir la brecha existente entre los elevados costos internacionales de adquisición y el precio subvencionado preterminal de paridad en el mercado interno, bajo los parámetros metodológicos de la norma 5516.
Desembolsos condicionados
La aplicación del subsidio de shock estará sujeta a la situación de caja del Estado. El articulado único de la norma refiere textualmente que la entrega de capital se ejecutará “de acuerdo a disponibilidad del TGN y remisión de información del uso y destino de los recursos”, obligando a los ejecutivos de YPFB a transparentar de forma periódica las planillas de compra ante el nivel central antes de recibir nuevos desembolsos.
Así se reconoce que la compleja coyuntura económica obliga a tomar medidas extremas para estabilizar las tarifas de los derivados del petróleo crudo. “Corresponde ampliar el monto asignado a YPFB (…) con el fin de contar con los fondos suficientes y necesarios para garantizar el abastecimiento de los combustibles en todo el territorio nacional”, argumenta el texto del decreto. La fiscalización operativa de estas transferencias extraordinarias recaerá sobre los ministerios de Economía e Hidrocarburos.
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