- Los ministros Morales y Aramayo ratifican el fin de la subvención tras fijar el diésel para grandes consumidores en Bs 16,50, mientras el transporte pesado califica la medida de «atentado» y convoca a un ampliado de emergencia en Cochabamba.
La Paz, Santa Cruz, Innovapress, 8 sep 2026.- El Órgano Ejecutivo comenzó a pavimentar el camino político para ejecutar una reestructuración profunda en la política de hidrocarburos que apunta a la eliminación gradual y definitiva del subsidio estatal. A esta previsión los sectores involucrados la volvieron a llamar “otro gasolinazo”.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, descartó de forma categórica cualquier posibilidad de abrogar el Decreto Supremo 5676 —norma que suprimió la subvención del diésel para los grandes consumidores industriales— y adelantó que la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira ya tiene diseñado un “cambio radical a la estructura de precios” de los carburantes en todo el territorio nacional, en un escenario marcado por persistentes filas de vehículos en los surtidores de las principales capitales del país.
La ofensiva tarifaria y la reciente promulgación del Decreto Supremo 5701 desataron la inmediata reacción del sector sindicalizado, provocando que el transporte pesado de la urbe alteña y la Confederación de Choferes de Bolivia lancen un ultimátum conjunto contra el Ejecutivo.
La dirigencia del autotransporte en la persona de Lucio Gómez, ejecutivo de la Confederación de Choferes, calificó la liberación de precios de crudo a las refinerías como un «atentado directo al bolsillo del pueblo» y convocó formalmente a un ampliado nacional de emergencia para este miércoles en Cochabamba.
Pedro Quispe, máximo del Transporte Pesado internacional se alineó al ultimátum manifestando un profundo escepticismo ante las anteriores comisiones técnicas gubernamentales. Quispe reprochó que se siga gobernando «a punta de decretos y papeles» mientras el desabastecimiento crónico obliga a sus bases a subsistir en filas kilométricas dentro de los surtidores, por lo que el gremio exige congelar precios máximos de comercialización.
Los transportistas advirtieron que, si el Gobierno central no congela los precios máximos de comercialización y normaliza el suministro, se definirán bloqueos generalizados de carreteras y cierres de fronteras a nivel nacional.
Ante la presión de los sectores productivos, el Ejecutivo modificó el Decreto Supremo 5676 para reducir el precio referencial del litro de diésel para grandes consumidores de 18 a 16,50 bolivianos; sin embargo, las autoridades enfatizaron que el proceso de socialización en curso con organizaciones sociales no busca retroceder en las medidas, sino adecuar los valores de venta a la cruda realidad económica del Estado.
Esta postura coincide con los lineamientos del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, y responde a la línea fija del propio mandatario Rodrigo Paz, quien alertó que la subvención tradicional «está matando» financieramente a Bolivia, argumentando que los miles de millones de dólares destinados al sector hidrocarburífero significan la pérdida directa de recursos para escuelas, hospitales y carreteras.
El debate sobre el inminente viraje energético sumó la postura del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien reveló que el presidente Paz asumió un compromiso formal con la institucionalidad cruceña para desmontar el subsidio fiscal y viabilizar que los empresarios privados importen sus propios volúmenes sin competir de forma desleal con precios artificiales controlados.
No obstante, la autoridad departamental planteó de manera formal que el Órgano Ejecutivo diseñe un mecanismo de compensación específico para mantener el beneficio de la subvención exclusivamente en favor del transporte público urbano e interprovincial, mitigando así el impacto inflacionario directo sobre la canasta básica familiar de los sectores más vulnerables.
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