- La filtración de la grabación difundida por el vicepresidente Edmand Lara devela que el estratega argentino ordenaba suspender los servicios fundamentales en el municipio cruceño, mientras el titular de Gobierno le reportaba el repliegue de las fuerzas del orden.
La Paz, Innovapress, 8 sep 2026.- Un nuevo terremoto político y judicial sacude el tablero nacional tras consolidarse el traslado del consultor argentino Fernando Cerimedo al penal de máxima seguridad de Viacha. En las últimas horas, el vicepresidente y denunciante, Edmand Lara, sacó a la luz pública una polémica grabación de audio que involucra de forma directa al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, con el estratega extranjero.
La filtración del registro detalla presuntos esquemas de coordinación donde el súbdito argentino instruía directamente de forma operativa al titular de la cartera de Estado la ejecución de detenciones masivas contra civiles y el corte inmediato de los servicios básicos en el municipio de San Julián, en el departamento de Santa Cruz, durante los conflictos por bloqueos de carreteras.
El tenor de las conversaciones grabadas provocó la inmediata e indignada reacción de la segunda autoridad del Estado, quien cuestionó con dureza la flagrante intromisión extranjera en las decisiones de seguridad interna.
“¿Cómo es posible que un actor externo, que un ciudadano extranjero, les daba órdenes a los ministros de qué es lo que tenían que hacer, incluso para atentar contra los derechos fundamentales de los bolivianos? Eso es grave”, fustigó de forma pública el vicepresidente Edmand Lara a través de plataformas de fiscalización ciudadana, asegurando que este material audiovisual constituye la prueba reina de una red de confabulación que operaba vulnerando de forma flagrante las garantías constitucionales.
De acuerdo con el material sonoro presentado de forma oficial por la autoridad, en el registro de la supuesta conversación se escucha a Oviedo rendir un informe de situación al consultor internacional, indicándole explícitamente que la instrucción impartida a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana era la de retirarse por completo de la zona de San Julián, debido a que el contingente militar y policial no contaba en ese momento con personas civiles bajo calidad de detenidas.
Las voces atribuidas a los implicados exponen una extrema familiaridad operativa y pautan supuestos despliegues coordinados que ya están bajo la lupa de las comisiones del Legislativo.
La aparición de este elemento probatorio fue remitida de forma inmediata a los despachos del Ministerio Público en La Paz, donde una comisión especializada evalúa incorporar el apunte magnetofónico como indicio material dentro del proceso penal por legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado que pesa sobre el consultor argentino.
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