Luis Arce y su hijo Marcelo Arce fuera de la cárcel tras los millonarios daños económicos al Estado

  • El exmandatario permanece bajo internación médica controlada en el Hospital Arco Iris de La Paz, mientras que su hijo mayor obtuvo detención domiciliaria con fianza para abandonar el penal de Palmasola.
Luis Arce y su hijo Marce Arce deben responder por el enorme daño económico al EStado/ Fotocomp Innovapress/IPN

Santa Cruz, La Paz, Innovapress, 25 sep 2026.- El expresidente Luis Arce Catacora y su hijo mayor, Luis Marcelo Arce Mosqueira, se encuentran fuera de los recintos carcelarios, lograron salidas institucionales por la vía de la internación hospitalaria y el beneficio de las medidas sustitutivas. Ambos investigados enfrentan pesados procesos penales impulsados por el Ministerio Público a raíz de presuntas irregularidades financieras y millonarios daños patrimoniales contra el Estado boliviano.

En el caso de Arce Mosqueira, un juez de instrucción en lo penal de Santa Cruz determinó sustituir su detención preventiva por arresto domiciliario tras acreditarse el vencimiento de los 140 días de reclusión fijados para el penal de Palmasola.

La resolución obliga al imputado a permanecer bajo escolta policial continua y al pago de una fianza de 200.000 bolivianos dentro de la investigación por supuesta legitimación de ganancias ilícitas; disposición que fue apelada en sala por el bloque de fiscales anticorrupción.

Por su parte, el exjefe de Estado, Arce Catacora también se halla fuera del panóptico de San Pedro, encontrándose internado bajo estricta custodia y vigilancia policial en el Hospital Arco Iris del macrodistrito de Villa Fátima en La Paz. La exautoridad, procesada penalmente por malversación de fondos públicos y contratos lesivos al Estado, fue evacuada a dicho nosocomio privado luego de que un tribunal de garantías ordenara priorizar su atención especializada por complicaciones de un cuadro oncológico crónico.

Procesos por millonario desfalco patrimonial

Las acciones judiciales contra los miembros de la familia Arce cobraron relevancia nacional tras las auditorías forenses y los informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre el manejo del erario público durante la pasada administración. El cuaderno de investigaciones acumula indicios sobre el desvío de recursos estatales, la adquisición irregular de propiedades agrarias e inmuebles de lujo en zonas exclusivas y flujos bancarios de procedencia anómala que configuran una millonaria afectación a las arcas públicas.

El daño ocasionado por los Arce Mosqueira

El monto total investigado por el daño económico e incremento patrimonial ilícito de la familia Arce Mosqueira asciende a más de 15,7 millones de dólares (equivalentes a cerca de 110 millones de bolivianos), distribuidos en tres grandes áreas identificadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y el Ministerio Público:

  • Caso Predio Agrícola «Adán y Eva» (Porongo, Santa Cruz): La Fiscalía y el Viceministerio de Transparencia establecieron que Rafael y Camila Arce Mosqueira adquirieron un terreno productivo de 2.187 hectáreas valuado en 3,3 millones de dólares. Para esta y otras operaciones, los hijos del exmandatario obtuvieron créditos bancarios de fomento por un total de 9,1 millones de dólares cuando apenas tenían 25 y 20 años, fondos públicos cuyo desvío y uso discrecional configuran el delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.
  • Caso Red de Corrupción en EMAPA: La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) oficializó una querella que eleva el daño patrimonial directo a 6,6 millones de bolivianos (aproximadamente un millón de dólares) por los casos «Harina I y II», negociados de granos en los que se encuentra formalmente incluido Rafael Arce Mosqueira.
  • Patrimonio no justificado de Marcelo Arce: Los informes de inteligencia financiera de la UIF revelaron que el hijo mayor acumuló de forma anómala 18 bienes inmuebles y 20 vehículos de alta gama, sumado a adquisiciones inmobiliarias recientes de su entorno (como un edificio de más de 50 departamentos en La Paz y Santa Cruz) y retiros millonarios en efectivo. El Ministerio Público calcula el blanqueo y desvío de fondos a través de YPFB en más de 2,3 millones de dólares solo en movimientos no respaldados.
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IP/RDC

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