- Incluso advierte con llegar a dar de baja los RUAT, es decir, la propiedad privada de los motorizados, reñido contra todo ordenamiento legal. Se procede con estos abusos sin previa notificación.
La Paz, Innovapress, 25 sep 2026.- En contra de la propiedad privada y de la Constitución, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, ha impuesto el congelamiento de cuentas bancarias y hasta el impedimento del carguío de combustibles a aquellos contribuyentes que tienen deudas impositivas con la autarquía paceña.
Resulta que -según Dockweiler- existe una deuda tributaria de unos Bs 3.000 millones además que la Alcaldía tiene un déficit de Bs 248 millones y que, si no lograr cubrir esos fondos se pondrá en riesgo las operaciones ediles.
“Vamos a dar de baja su RUAT. Se va a notificar, va a salir en la prensa también toda esta situación para que puedan regularizar (el pago de impuestos), pero va a llegar un momento en que, si no aparecen en el ATM (Administración Tributaria Municipal), entonces se los va a dar de baja, ¿y qué significa eso? Que no van a poder cargar combustible”, anticipó en la radio Fides.
Incluso fue más allá, el municipio recurrió a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) para el bloqueo de las cuentas de los deudores.
El proceso empezó a ejecutarse y las personas identificadas ya no pueden realizar operaciones.
A las personas que sufrieron esta sanción, Dockweiler les sugirió acercarse a las oficinas de ATM para regularizar su situación e incluso les ofreció ajustarse a un plan de pagos con apoyo financiero que será otorgado por el sistema financiero “en condiciones realmente favorables”.
Además, descartó la posibilidad de que el Concejo pueda aprobar un “perdonazo tributario”.
Concejo
Por su lado, la concejala Carola Antezana denunció que la Alcaldía omitió el debido proceso de notificación individual.
“Ellos dicen que son deudas tributarias que vienen desde muchos años atrás. Evidentemente, todos tienen que pagar sus deudas tributarias, pero creo que no es la manera, claramente la gente no ha sido debidamente notificada”, lamentó la edilicia.
Antezana afirmó que difundir avisos generales mediante las redes sociales no significa que haya existido un procedimiento legal de notificación ciudadana. Advirtió que esta afectación podría alcanzar a 100.000 contribuyentes que acumulan deudas de diferentes montos.
La concejala calificó la medida como un exceso desmedido contra los ciudadanos que pasaron difíciles momentos económicamente debido a la crisis por los 53 días de bloqueos que azotaron al país.
“Hay gente que me llama y me dice que ha pagado la primera cuota e igualmente le han vuelto a congelar la cuenta. Si a mí me congelan todas mis cuentas, ¿cómo pretenden que pague? No les han deshabilitado la restricción”, cuestionó.
En contra de la Constitución
Según la Asfi, las órdenes del congelamiento de cuentas salieron de la ATM luego que ciudadanos denunciaron el congelamiento de sus cuentas sin notificación previa incluso, cuentas destinadas al pago de salarios.
De acuerdo con testimonio de los ciudadanos afectados, “tuvieron que pagar y acogerse a un plan de pagos” para evitar verse perjudicados.
Sin embargo, la Constitución en su artículo 115 protege el debido proceso, el artículo 48 resguarda la retribución salarial. Al mismo tiempo el Código Tributario exige una notificación previa antes de ejecutar cualquier medida de cobro impositivo.
Los artículos 152 y 153 del Código Penal contemplan las figuras penales de cobros indebidos, incumplimientos de deberes, omisiones ilegales con daños a personas.
Paralelamente la Ley 260 ordena al Ministerio Público a actuar de oficio cuando hay vulnerabilidades a los derechos de la sociedad.
IP/RDC
