- El Fiscal General del Estado defendió la soberanía judicial del país y vinculó el veto migratorio de Washington a las complejas investigaciones internacionales en curso que lidera su despacho.
Sucre, Innovapress, 28 sep 2026.- El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, rechazó de manera categórica la noche de este lunes el pronunciamiento emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual lo señala por presuntos actos de corrupción y supuesta facilitación al narcotráfico.
En una respuesta enérgica, la máxima autoridad del Ministerio Público calificó la sanción migratoria como una franca ‘injerencia política’ destinada a desacreditar el trabajo de la justicia boliviana.
“No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando como fiscal sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, sentenció Mariaca, al fijar una postura institucional frente al dictamen estadounidense emitido bajo la política del bloque multinacional Escudo de las Américas.
La autoridad enfatizó que las acciones de su despacho se rigen estrictamente bajo las leyes internas y la Constitución Política del Estado.
El titular de la Fiscalía sugirió además que esta arremetida diplomática de Washington guarda una relación directa con casos de alto impacto y sensibilidad política que se procesan actualmente dentro del territorio nacional.
“Esperamos que se respete la independencia de las instituciones en Bolivia”, apuntó de forma tajante, sugiriendo que las determinaciones de la administración de Donald Trump e impulsadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, responden a presiones externas vinculadas a procesos complejos como el del consultor político argentino Fernando Cerimedo.
Mariaca fue enfático al señalar que el Ministerio Público no detendrá sus labores investigativas ni modificará su agenda en materia de persecución penal estratégica a raíz de las restricciones de visados aplicadas contra él y parte de su entorno familiar.
Con una declaración que busca dar certidumbre a la estructura judicial, concluyó: “Respetamos las decisiones soberanas de los Estados Unidos, pero la función pública no puede estar condicionada por el temor”.
La reacción del Fiscal General se produce en medio de crecientes tensiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde bancadas de la oposición y del propio oficialismo comenzaron a exigir informes urgentes a la Cancillería para esclarecer los antecedentes que fundamentaron la sanción del gobierno norteamericano.
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