- Los presidentes de ambas cámaras, Roberto Castro y Diego Ávila, demandaron acciones inmediatas ante la Cancillería. El diputado Carlos Alarcón advierte con un juicio de responsabilidades si el Fiscal General no se aparta del cargo.
La Paz, Innovapress, 29 sep 2026.- La permanencia de Roger Mariaca en la Fiscalía General del Estado pende de un hilo. Varios legisladores activaron este martes un cerco político sobre la máxima autoridad del Ministerio Público exigiendo de forma unánime su alejamiento del cargo luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitiera acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico y hechos de corrupción.
La contraofensiva institucional fue encabezada de manera conjunta por el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro y el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila. Ambas autoridades del Órgano Legislativo emitieron un duro requerimiento formal dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, por las vías diplomáticas correspondientes, se gestione con carácter de urgencia ante el gobierno estadounidense la remisión oficial de todas las pruebas, constancias y hallazgos fácticos que fundamentaron el drástico veto migratorio contra Mariaca.
Desde la bancada opositora, el diputado Carlos Alarcón fue el más radical al plantear que la salida del fiscal general debe ser inmediata e irreversible para resguardar la institucionalidad del país.
“Al ser cabeza del Ministerio Público tiene que dejar inmediatamente el cargo y someterse desde el llano a una investigación penal transparente, iniciada de oficio por fiscales que garanticen total independencia, honestidad y transparencia”, sentenció el legislador, advirtiendo que, en caso de persistir una negativa de renuncia, la Asamblea impulsará un juicio de responsabilidades constitucional a los efectos de su destitución y posterior procesamiento penal.
A este pedido de alejamiento se sumaron también bloques del propio oficialismo y disidencias parlamentarias, quienes coincidieron en señalar que las ocho líneas del reporte emitido por Washington —donde se acusa a Mariaca de abusar de sus funciones públicas al solicitar y aceptar sobornos para favorecer a delincuentes violentos a evadir la justicia— representan un daño severo a la credibilidad internacional de la justicia boliviana.
Desde la Asamblea Legislativa consideran inviable que quien lidera la persecución penal en el Estado Plurinacional se encuentre bajo sospecha internacional por delitos de narcoterrorismo.
De su lado, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ratificó que se aguardarán los canales oficiales para encauzar los procedimientos legales que la Constitución estipula para estos escenarios críticos de crisis institucional.
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