- El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aclaró que la medida dependerá de las investigaciones y los requerimientos judiciales que asuma el gobierno norteamericano.
La Paz, Innovapress, 29 sep 2026.– El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, advirtió este martes que los señalamientos formulados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, poseen la gravedad suficiente para derivar en un proceso judicial internacional y en una eventual solicitud de extradición.
No obstante, las autoridades nacionales precisaron que la activación de dicho mecanismo legal se encuentra bajo la estricta tuición de la justicia estadounidense.
La inclusión de la máxima autoridad del Ministerio Público en una lista de restricciones migratorias especiales generó repercusiones inmediatas en la esfera gubernamental, debido a las acusaciones que lo vinculan con presuntos cobros de sobornos para favorecer a organizaciones del narcotráfico.
“Sí, esto podría derivar en una investigación, un avance judicial en caso de Estados Unidos, en una solicitud probablemente de extradición, pero eso corresponde a un ámbito que no es nuestro y serán las autoridades de Estados Unidos las que responderán al respecto”, puntualizó el titular de Defensa, Ernesto Justiniano.
Ante este panorama, la administración estatal activó los canales diplomáticos para requerir de manera formal toda la documentación de respaldo que posee Washington y evaluar los antecedentes bajo la normativa interna.
“Lo que estamos haciendo en este momento es hacer las consultas vía Cancillería. Pero de las otras personas no tenemos mayor información, lo que ha salido ahí, hacer un inferido respecto a algo, creo que sería incorrecto, prefiero ser objetivo y haremos las consultas necesarias”, sostuvo la autoridad.
Justiniano remarcó que el Estado boliviano mantendrá una postura de transparencia y que la defensa del territorio no se traducirá en el encubrimiento de delitos conexos al crimen organizado, asegurando un tratamiento exento de interferencias partidarias.
“No va a haber ninguna protección política para nadie, no va a haber tampoco una condena anticipada. Defender la soberanía no significa ignorar con claridad información seria, proveniente de un socio, en este caso Estados Unidos. Significa recibir esa información, hay que verificarla y hay que decidir en Bolivia, mediante instituciones bolivianas y conforme a la ley boliviana también”, explicó.
El titular de Defensa insistió en que el país recuperó su credibilidad operativa ante la comunidad internacional. Sin embargo, enfatizó la necesidad urgente de reestructurar y fiscalizar la labor articulada de los operadores penitenciarios, policiales y judiciales del país.
“Hay una diligencia importante en el tema de la cooperación internacional con los otros países. Estamos trabajando en forma conjunta en Bolivia, vuelve a ser un país confiable, vuelve a ser un país que se sienta en la mesa, en una lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la corrupción. Se pueden hacer detenciones de personas que han cometido crímenes, pero si rápidamente son liberados o se les da detención domiciliaria y luego se escapa, entonces todo el trabajo es en vano”, anotó.
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