- El jefe de la diplomacia boliviana, Héctor Huanca, desvirtuó las especulaciones sobre un requerimiento inmediato de la justicia estadounidense, aunque ratificó que el exjefe del Ministerio Público enfrenta dos procesos penales tras su destitución.
La Paz, Innovapress, 4 oct 2026. — En medio del remezón político y judicial que provocó la caída de la máxima autoridad del Ministerio Público, el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Huanca, salió al paso de las versiones que daban por hecho un trámite de entrega internacional. La autoridad diplomática informó este domingo de manera oficial que el Estado Plurinacional de Bolivia no ha recibido, hasta el momento, ninguna solicitud formal de extradición en contra del exfiscal general de la nación, Roger Mariaca.
Las declaraciones del jefe de la diplomacia buscan frenar la ola de especulaciones alimentada tras los operativos policiales en el eje troncal. Huanca precisó que los canales internacionales del Estado operan bajo un principio de estricta formalidad jurídica y descartó que existan carpetas activas remitidas por tribunales extranjeros para detener con fines de extradición al sindicado.
“Por el momento, no tenemos ninguna solicitud. La Cancillería informará públicamente si recibe algún requerimiento formal de extradición”, afirmó el canciller Huanca durante una comparecencia de prensa efectuada en la sede de Gobierno.
La sombra de Washington y el nexo Marset
Pese a la aclaración de la Cancillería, la hipótesis de un procesamiento en el exterior permanece latente en las esferas del Ejecutivo. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, había colocado el tema en la agenda pública al apuntar que Mariaca constituye un objetivo de alto interés para las agencias federales de Estados Unidos.
La exautoridad fiscal fue vinculada por los aparatos de inteligencia civil con la red de protección y blindaje institucional que facilitaba el despliegue del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
El expediente cobró alcance hemisférico el pasado 28 de septiembre, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Mariaca restringiendo de forma permanente su visado bajo cargos de “corrupción significativa”.
Washington fundamentó la medida administrativa señalando que el entonces fiscal general solicitaba y aceptaba sobornos a cambio de obstruir la justicia y facilitar el tráfico transnacional de sustancias controladas, una sanción que también alcanzó a otros doce ciudadanos y operadores de justicia bolivianos.
Al respecto, el canciller Huanca aseguró que su despacho no dispone de reportes técnicos que confirmen la existencia de una supuesta “segunda lista” de funcionarios con visados revocados por la administración norteamericana.
Sin embargo, confirmó que los requerimientos de información activados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ya fueron atendidos con el envío de toda la documentación disponible para su correspondiente evaluación interna en las comisiones parlamentarias.
Doble proceso ordinario
Tras ser suspendido de forma definitiva por los dos tercios del pleno legislativo mediante la aplicación de la ley corta, Mariaca permanece bajo custodia de los aparatos de seguridad del Estado. Su defensa técnica no logró activar con éxito recursos de libertad y ahora deberá estructurar los descargos frente a un doble frente judicial en la vía ordinaria.
El primer proceso penal que pesa en su contra fue activado por los delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas por sus presuntos nexos logísticos con carteles internacionales.
El segundo expediente fue abierto por la presunta comisión de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito, una pesquisa que se desprendió de forma directa tras la intercepción de una ambulancia institucional en Santa Cruz, en cuyo interior la Policía secuestró un alijo de dinero en efectivo que supera los 3,5 millones de bolivianos.
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