- Mientras la capital política del país, La Paz, asediada por el cerco que ya la dejó 53 días sin alimentos, medicamentos y una economía estrangulada.
La Paz, Innovapress 11 oct 2026.- El escenario político y social en Bolivia se sitúa en su punto de mayor conflictividad política y social. Por segunda ocasión consecutiva en lo que va de su mandato, el presidente Rodrigo Paz enfrenta una amenaza directa orientada a deponerlo del poder mediante el uso de la fuerza y la movilización civil. Fue el propio jefe de Estado quien rompió la cautela institucional al alertar de manera pública que las facciones que promueven la marcha del martes 13 de octubre buscan ingresar a la sede de Gobierno y tomar el Palacio Quemado.
La advertencia presidencial surge en un contexto crítico para la sede de Gobierno. La Paz, el centro administrativo y político del Estado Plurinacional, sufre las consecuencias de un asedio prolongado y sistemático en sus principales carreteras de acceso, un cerco vial que ya acumula 53 días consecutivos de aislamiento logístico, estrangulando la economía de las familias paceñas y provocando un desabastecimiento severo de insumos de primera necesidad.
San Borja: La revelación de un plan de toma violenta
Durante su intervención en el acto central por el 333 aniversario de fundación del municipio de San Borja, Beni, el presidente Paz destapó los reportes de Inteligencia que maneja el gabinete de seguridad nacional, confirmando que la movilización de la militancia de Evo Pueblo persigue fines que rebasan la protesta social o la demanda económica sectorial.
“Veamos qué pasa el martes, la vida da sorpresas, da giros. Hoy día, algunos quieren recuperar la vieja lógica de agarrarnos a tiros, a pedradas y bloqueos. Quieren entrar a Palacio a tiros. La democracia permite acercarnos, no dispararnos ni tirarnos piedras”, alertó el primer mandatario desnudando el carácter sedicioso que el Ejecutivo le atribuye a la caminata que partirá desde Caracollo.
Inmediatamente después, Paz elevó el tono de su discurso y centró sus críticas en los métodos de protesta del bloque evista, remarcando que el país se encuentra en una etapa de reactivación productiva que no puede ser frenada por ambiciones político-partidarias personales.
La alusión presidencial a un intento de revocatoria forzada por segunda vez activó de inmediato las alarmas en los mandos militares, que interpretan la movilización civil como una estrategia coordinada de golpe de Estado blando que pretende forzar la dimisión del mandatario utilizando como detonante el descontento por la canasta familiar y la crisis de los carburantes.
Una sede de Gobierno asfixiada y sin suministros
Mientras la columna humana de Evo Pueblo afina los detalles logísticos para iniciar su avance de una semana hacia el altiplano paceño, la situación interna en la hoyada de La Paz es preocupante. Los 53 días de bloqueos de mediados de año en las rutas troncales del eje central del país han quebrado las cadenas de distribución del comercio legal y legítimo.
Frente a la advertencia de una incursión violenta en el centro paceño, el Gobierno ratificó que no se mantendrá como un espectador pasivo. Los ministerios de Gobierno y Defensa coordinan el despliegue de unidades tácticas policiales especiales y batallones de las Fuerzas Armadas a lo largo de la ruta vial Oruro – La Paz.
El dispositivo de seguridad se ejecutará bajo el mandato estricto y la cobertura legal del Decreto Supremo de ampliación por 90 días del Estado de excepción aprobado por el Legislativo. Las fuerzas del orden público cuentan con autorizaciones expresas para ejecutar detenciones preventivas flagrantes y utilizar la fuerza legítima del Estado para resguardar los accesos urbanos, neutralizar el vandalismo y garantizar que los suministros médicos y alimenticios vuelvan a ingresar a la capital política, anticipando un choque institucional de proporciones históricas para el amanecer de este martes.
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