- La demanda formal exige peritajes al IDIF y triangulación de llamadas a las operadoras telefónicas por presunto tráfico de influencias. Mauricio Zamora se puso a disposición de la Fiscalía y argumentó la ilegalidad de las grabaciones.
La Paz, Innovapress, 5 nov 2026.- La Primera Dama, María Elena ‘Bibi’ Urquidi, y el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Mauricio Zamora, fueron denunciados en la vía penal este jueves ante la Fiscalía Departamental de La Paz por la presunta comisión de tres delitos , en una jornada en la que el titular de Obras Públicas descartó salir del país y cuestionó la legalidad de las pruebas presentadas.
La acción legal, formalizada por el abogado independiente Guido Calcina a raíz de la filtración de 13 audios atribuibles al estratega político argentino Fernando Cerimedo, señala a ambas autoridades por tráfico de influencias, beneficios en razón del cargo y nombramientos ilegales.
“Hemos formalizado la denuncia ante la Fiscalía Departamental de La Paz en contra de María Elena Urquidi, que es la primera dama, y el señor Mauricio Zamora, el actual ministro de Obras Públicas. Son los tres delitos que se ha identificado, a partir de los trece audios que ha sacado el señor Cerimedo”, declaró el jurista.
El profesional en leyes aseguró que los registros sonoros son auténticos y descartó el uso de inteligencia artificial.
Como elementos de prueba, la demanda presentó las 13 grabaciones, respaldadas por registros en video y evaluaciones iniciales de verificadoras.
Adicionalmente, solicitó requerimientos para que las empresas Tigo, Viva y Entel ejecuten la triangulación de llamadas y mensajes de texto, además de peritajes científicos acústicos a cargo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
Zamora
Ante la presentación del proceso, el ministro Zamora anunció que se pondrá a disposición de las autoridades. “El que nada hace nada teme”, afirmó al desestimar versiones sobre un eventual abandono del territorio nacional y recordar que afronta procesos judiciales desde hace una década.
No obstante, cuestionó el origen de los audios e invocó el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal respecto a la ilegalidad de las pruebas.
El jurista denunciante remarcó que la demanda busca sentar un precedente institucional al tratarse de delitos imprescriptibles según la legislación boliviana, en medio de un escenario que pone en debate la influencia de operadores políticos externos en el Ejecutivo.
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