- La difusión de 13 grabaciones atribuidas al consultor Fernando Cerimedo, la entrega de pruebas por parte de Nadia Beller y la creciente violencia de los carteles extranjeros arrastran al Ejecutivo a su mayor crisis de credibilidad al cumplir doce meses de mandato.
Por Marcelo Padilla
La Paz, Innovapress, 7 nov 2026.- A doce meses de haber asumido el poder bajo la promesa de restaurar el orden institucional y desmantelar los vicios de la vieja política, la administración de Rodrigo Paz concluye su primer año atenazada por su frente más vulnerable: una acumulación de escándalos en el entorno de asesores oficiales y la abierta contraofensiva de las estructuras del narcotráfico.
Lo que arrancó como una gestión orientada al saneamiento del Estado choca hoy contra el peso de investigaciones fiscales en curso y una sensación de vulnerabilidad institucional frente al crimen organizado.
El relato oficial de probidad ha sufrido un fisuramiento progresivo en el último tramo del año, arrastrado por la opacidad en el manejo de influencias internas y la constatación de que la violencia del bajo mundo ha alcanzado niveles de amedrentamiento inéditos para el Poder Ejecutivo.
Trama ‘Cerimedo-Beller’: El sismo fiscal en el círculo rojo
El punto de mayor tensión política para la imagen de transparencia gubernamental se desencadenó con la apertura formal de investigaciones por parte de la Fiscalía General, tras la divulgación de 13 audios de conversaciones atribuidas al consultor argentino Fernando Cerimedo, exasesor clave en la estrategia de la administración Paz.
El caso cobró cuerpo judicial tras la intervención de la jurista Nadia Beller, quien entregó dispositivos electrónicos y materiales ante los estrados judiciales en el marco de severas denuncias sobre presuntos manejos irregulares en las altas esferas del poder.
Las grabaciones filtradas sacaron a la luz supuestas coordinaciones de inteligencia paralela y maniobras de presión con presupuestos asignados de hasta 8 millones de bolivianos, salpicando mediáticamente la discusión pública sobre las dinámicas del entorno presidencial y la figura de la primera dama, María Elena Urquidi.
Aunque desde la Presidencia se enfatizó que debe ser el Órgano Judicial el que determine la veracidad o manipulación de los registros magnéticos, el costo político ha sido inmediato: la oposición y sectores sociales ubican el tráfico de influencias y la falta de control interno como uno de los factores de mayor erosión a la legitimidad del Gobierno.
La contraofensiva del narcotráfico: Carteles y amedrentamiento estatal
En el plano de la seguridad nacional, el primer año de gestión ha estado marcado por una intensa confrontación entre las fuerzas del orden y las redes del narcotráfico transnacional. Los golpes antinarcóticos desplegados en el oriente y el norte del país —que derivaron en la captura de emisarios del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil y la neutralización de ramificaciones del entorno del prófugo Sebastián Marset— provocaron una peligrosa reacción de las mafias.
A finales del periodo, el propio Ministerio de Gobierno formalizó denuncias penales ante la presencia de amenazas explícitas de muerte dirigidas contra el presidente Rodrigo Paz, su círculo familiar y autoridades del área de seguridad.
El amedrentamiento puso en evidencia no solo la virulencia con la que operan estas organizaciones en territorio nacional, sino la fragilidad de los mecanismos de contención estatal ante grupos con alto poder de fuego y recursos logísticos.
Los casos de audios que más revuelo han causado se dividen en las siguientes temáticas críticas:
1. El armado del “espectáculo” para el Estado de Excepción
- El audio con Rodrigo Paz: En esta grabación se escucha presuntamente al presidente discutiendo los detalles de la promulgación de la Ley de Estados de Excepción. En la conversación, Paz menciona que el acto debe plantearse como un «show» o una «novela», mientras que Cerimedo le aconseja generar mayor expectativa pública y convocar a una conferencia de prensa para construir una narrativa política que justificara la medida.
2. Represión y corte de servicios en conflictos sociales
- El audio con el Ministro de Gobierno: Cerimedo conversa con el ministro Marco Antonio Oviedo sobre las movilizaciones y bloqueos en la localidad de San Julián. En el diálogo, se coordinan presuntas medidas radicales para neutralizar las protestas, que incluían la detención de manifestantes y el corte de servicios básicos como electricidad e internet en la zona.
3. Disputas por contratos públicos e hidrocarburos (entorno familiar)
- El audio con la Primera Dama: Se filtraron conversaciones entre Cerimedo y la esposa del mandatario, María Elena Urquidi. En ellas abordan de forma directa licitaciones de gas natural vehicular (GNV), la comercialización de urea y nombramientos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cuestionando el rol de ministros del área económica.
- El audio con la hija del presidente: En una charla con Catalina Paz se abordan tensiones internas en el manejo de la comunicación gubernamental, propuestas para reestructurar dicha división y negociaciones vinculadas a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).
4. Supuesto control electoral y sospechas de fraude
- La conversación preelectoral: Se difundió un audio en el que un Rodrigo Paz supuestamente temeroso por los resultados electorales es calmado por Cerimedo, quien le asegura que «todo está arreglado». La frase más polémica del estratega en este registro fue la advertencia de que «no podemos irnos al conteo de voto por voto», lo que la oposición denunció inmediatamente como una confesión de manipulación de los comicios.
5. Cobro de comisiones y presuntos nexos con el narcotráfico
- Pagos ilícitos y prebendas: En otros audios del archivo peritado se menciona el pago de 15.000 dólares para el uso de avionetas ligadas presuntamente al narcotráfico. Asimismo, se exponen conversaciones con ministros (como Óscar Mario Justiniano y Mauricio Zamora) y jefes policiales sobre el reparto de cargos y supuestos cobros de dinero a cambio de mantener a funcionarios en sus puestos, como en el caso de la compra de camionetas para EPSAS.
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