- El paquete de diez leyes clave presentado por el Ejecutivo en mayo sigue empantanado entre la falta de operadores políticos, el debate técnico prolongado y una coyuntura devorada por la crisis.
Por Marcelo Padilla
La Paz, Innovapress, 7 nov 2026.- A un año de haber asumido el mandato bajo la promesa de desmantelar lo que denominó el “Estado tranca” y reorientar el timón de la economía nacional, la administración de Rodrigo Paz enfrenta un saldo legislativo lapidario: las grandes reformas estructurales anunciadas con bombos y platillos quedaron completamente truncadas.
El paquete de leyes económicas, energéticas e institucionales con el que el Ejecutivo pretendía atraer capitales privados, sanear las finanzas y flexibilizar el modelo estatal se estrelló contra un Parlamento fragmentado, la falta de consensos políticos y una gestión perpetuamente devorada por la coyuntura del conflicto.
El ímpetu de mayo: Promesas de un giro de timón
En mayo de este año, el Gobierno apostó su carta de mayor peso político al presentar un ambicioso paquete legislativo. La premisa oficial era clara: dotar al país de un marco moderno de inversiones, actualizar el régimen hidrocarburífero y minero, y abrir el compás a un modelo económico menos dependiente del gasto estatal asfixiado.
Para el Palacio Quemado, estas normas no eran simples proyectos; constituían el salvavidas indispensable para frenar la hemorragia de divisas, recuperar la confianza internacional y enviar una señal contundente a los mercados. Sin embargo, la teoría económica del Ejecutivo chocó de frente con la cruda aritmética del poder legislativo.
Leyes en el congelador
El presidente Paz presentó en mayo de 2026 un paquete de 10 anteproyectos de ley destinados a un debate nacional antes de su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el objetivo explícito de desmontar la burocracia estatal:
- Ley Electoral
- Ley de Electricidad
- Ley de Hidrocarburos
- Ley de Inversiones
- Ley de Minería
- Ley de Economía Verde (enfocada en bonos de carbono)
- Ley de Emprendedores (Ley del Emprendedor Boliviano)
- Ley de Justicia
- Ley de Seguridad Nacional
- Ley de Reducción del Estado y la Burocracia
A doce meses de gestión, ninguna de las 10 leyes estructurales ha sido aprobada en su totalidad por el Parlamento, quedando entrampadas en la etapa de socialización y comisiones técnicas. El estado actual de los proyectos más relevantes se distribuye de la siguiente manera:
- Sector energético (Electricidad e Hidrocarburos): Paz remitió oficialmente el proyecto de la nueva Ley de Electricidad a finales de septiembre de 2026, junto con propuestas para viabilizar inversiones hidrocarburíferas de corto y largo alcance. El tratamiento formal en comisiones parlamentarias avanza a paso lento.
- Bloque económico (Inversiones, Minería, Economía Verde y Emprendedores): Se encuentran varadas en mesas de socialización técnica con sectores empresariales y regionales, bajo la promesa gubernamental de concertar un modelo de distribución competencial 50-50 antes de redactar el texto final.
- Bloque institucional (Justicia, Electoral, Seguridad y Burocracia): Continúan en fase de evaluación política, sin registrar votaciones ni tratamientos en el pleno de las cámaras.
¿Falta de operadores o estrategia fallida?
El fracaso legislativo no responde únicamente a la hostilidad de una correlación de fuerzas adversa en el Parlamento, sino a una marcada debilidad en la articulación política del Ejecutivo.
Mientras el Gabinete concentraba sus esfuerzos diarios en apagar incendios coyunturales —como el desabastecimiento crónico de carburantes, las presiones inflacionarias que bordean el 9% acumulado y los recurrentes bloqueos de carreteras—, la estrategia de concertación para las leyes estructurales careció de peso político real.
Los puentes con bancadas opositoras y sectores sociales quedaron quemados antes de que los proyectos lograran siquiera una aprobación en grande.
El costo político: Un modelo que sigue intacto
A un año exacto de gestión, el saldo para el gobierno de Paz es agridulce en el terreno de las reformas. El discurso de transformación choca contra la realidad de un andamiaje legal idéntico al heredado, caracterizado por controles estatales rígidos, incentivos exiguos para la inversión privada y una economía formal atada de manos frente a la crisis.
Las leyes que debían refundar el modelo económico del nuevo ciclo gubernamental hoy forman parte del anecdotario legislativo: promesas de papel que se evaporaron al primer contacto con la cruda realidad del poder en Bolivia.
Revisa también: 365 días de gobierno: la crisis económica se agrava y la deuda externa no para de crecer, pese al auge exportador de los minerales Revisa también: Año de Gobierno: Bolivia no logra el despegue, lo único que alzó vuelo es el costo de vidaIP/RDC
