Bolivia rememora 23 años de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, el expresidente con 96 años impune en Estados Unidos

  • Junto con él, Carlos Sánchez Berzaín, su hombre de confianza y otros que escaparon del país tras las decenas de muertes en aquel ‘octubre negro’.
Goni y su siempre leal Carlos ‘zorro’ Sánchez Berzaín cuando ostentaron el poder/ arch

Marcelo Padilla

La Paz, Innovapress, 16 oct 2026. — Este 17 de octubre se rememoran 23 años de los sucesos de “Octubre Negro”, el Estado Plurinacional recapitula una gestión más de la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien a sus 96 años permanece residiendo en territorio estadounidense sin comparecer ante la justicia ordinaria del país.

El hito histórico, instituido formalmente mediante la Ley 424 como el “Día de la Dignidad Nacional”, recuerda la dimisión de Goni tras una masiva movilización social en defensa de los recursos hidrocarburíferos, el gas, que dejó un saldo de más de 60 personas fallecidas y centenares de heridos por la represión militar.

El exmandatario movilizó su salida de la sede de Gobierno con rumbo a los Estados Unidos inmediatamente después de presentar su renuncia formal ante el Congreso evadiendo el juicio de responsabilidades activado en su contra en el frente judicial boliviano por los delitos de genocidio.

Sánchez Berzaín

El escenario de impunidad en el exterior alcanza de igual manera a su entonces ministro de Defensa y hombre de confianza, Carlos Sánchez Berzaín, señalado como el principal operador político y operativo del despliegue militar en los focos de conflicto de El Alto y la urbe paceña.

Junto a la exautoridad de Defensa, otros miembros del gabinete ministerial y colaboradores estratégicos de la administración del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) abandonaron el territorio nacional de forma simultánea, bloqueando de manera fáctica los requerimientos de extradición gestionados por la Cancillería y la Fiscalía General del Estado.

Pese a los procesos civiles impulsados de forma independiente por las asociaciones de las víctimas en cortes federales estadounidenses, donde se determinó la responsabilidad financiera de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, los mecanismos de cooperación internacional no han viabilizado su retorno para el cumplimiento de sanciones penales en Bolivia.

Residencia en Maryland y vida actual

Informes de seguimiento sobre el entorno de las exautoridades refugiadas en los Estados Unidos confirman que Gonzalo Sánchez de Lozada mantiene fijada su residencia legal en el exclusivo barrio de Chevy Chase Village, en el estado de Maryland, a pocas millas de Washington D.C.

La propiedad, adquirida a través de la firma Macalester Limited, cuenta con estrictas medidas de seguridad privada y control perimetral que impiden el acceso de personas extrañas sin la autorización expresa de la familia, permitiéndole mantener un blindaje residencial permanente mientras elude los exhortos suplicatorios del Órgano Judicial boliviano.

Pese a su avanzado estado de edad, el exmandatario ha quebrado su habitual hermetismo en el ámbito político. En septiembre reciente, coincidiendo con las vísperas del aniversario de su caída, Sánchez de Lozada reapareció públicamente en un evento familiar en Washington mostrando un estado de lucidez notable para sus 96 años, ocasión en la que difundió un mensaje formal instando a la reorganización y unidad del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Este hecho se suma a la presentación previa de su ensayo jurídico titulado “La Constitución de Todos”, un proyecto de reforma constitucional remitido desde su exilio con el fin de plantear el retorno de la República de Bolivia y la creación de la figura de un primer ministro.

Evolución institucional y recursos

La caída de la administración de Sánchez de Lozada en 2003 reconfiguró de manera estructural la política económica del país, quebrando los esquemas de privatización energética y forzando la posterior convocatoria al Referéndum del Gas de 2004 bajo el mandato interino de Carlos Mesa Gisbert.

El proceso histórico derivó en la modificación de la Ley de Hidrocarburos y sentó el antecedente normativo para la recuperación estatal de las regalías petroleras, un aspecto que los sectores sociales y las plataformas de víctimas reivindican formalmente cada 17 de octubre en las conmemoraciones oficiales programadas en la sede de Gobierno.

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IP/RDC

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