- El Ejecutivo viabilizó el requerimiento mediante conducto regular y aclaró que dejará en manos de la Asamblea Legislativa las decisiones sobre el fiscal general, Roger Mariaca.
La Paz, Innovapress, 30 sep 2026.– El Gobierno, a través de Cancillería, oficializó este miércoles el envío de una solicitud formal de información a la administración gubernamental de los Estados Unidos respecto a las restricciones de visado y vetos migratorios aplicados contra más de una docena de funcionarios, exautoridades y administradores de justicia bolivianos.
El requerimiento apunta a obtener los elementos probatorios y antecedentes técnicos que sustentan la determinación adoptada por el Departamento de Estado norteamericano.
La medida administrativa diplomática fue activada luego de que el vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmara el despacho de la documentación por los canales regulares. La postura del Ejecutivo boliviano apunta a mantener un manejo prudente e institucional frente a los señalamientos de Washington.
El portavoz de la Casa Grande del Pueblo precisó el alcance y el objetivo de la solicitud transmitida a las autoridades estadounidenses.
“Entiendo que se efectivizó ayer en la mañana (por el martes) por el conducto regular. Tenemos pleno control sobre las cosas que nosotros hacemos desde Bolivia. Honestamente no conozco los tiempos protocolares y diplomáticos de respuesta de otro Estado, pero hemos solicitado que sea con la mayor celeridad posible”, afirmó Gálvez durante una rueda de prensa.
Asimismo, el vocero gubernamental se refirió a las consecuencias institucionales que este caso provoca sobre el actual fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien figura de forma explícita en la lista del gobierno norteamericano bajo acusaciones graves relacionadas con el ámbito del narcotráfico.
Al respecto, Gálvez remarcó que las decisiones concluyentes recaerán estrictamente sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por ser la instancia matriz encargada de la designación de dicha autoridad judicial.
“Consideramos que el poder donde nace este mandato es la Asamblea Legislativa y es quién debe tomar cartas en el asunto y nos parece correcto que sea la Asamblea Legislativa que ponga en agenda el tratamiento del caso en el marco de las leyes bolivianas y se tome las decisiones que corresponden”, enfatizó el portavoz presidencial en referencia a la sesión plenaria convocada para el próximo 5 de octubre.
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