- Emplazaron al Gobierno a revertir la norma, de lo contrario, advierten con medidas de hecho.
La Paz, Innovapress, 28 ago 2026.- La determinación del gabinete económico de no dar marcha atrás ha provocado un bloque de resistencia multisectorial. Tras revelarse que el incremento del diésel a 18 bolivianos por litro es un condicionamiento directo dictado por el Fondo Monetario Internacional para viabilizar un plan de rescate financiero, el aparato productivo boliviano declaró de forma unificada la desobediencia civil.
Este frente histórico amalgama de forma inédita las demandas de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), la Federación de Empresarios Privados de La Paz, la Confederación Nacional de Gremiales, el sector minero cooperativista, importadores y cuentapropistas, lanzaron un emplazamiento fulminante al presidente Rodrigo Paz exigiéndole congelar la norma bajo la amenaza de activar medidas de hecho.
El flanco empresarial e industrial desnudó la inviabilidad comercial de aplicar una tarifa flotante y bimonetaria en el mercado interno. El titular de la cámara exportadora, Oswaldo Barriga, sentenció que el decreto está mal diseñado, drena al menos 200 millones de dólares del erario público y exigió liberar la importación privada con arancel cero mediante la supresión del IVA y el Impuesto a las Transacciones.
Paralelamente, el presidente de los empresarios paceños, Rolando Kempff, denunció que el doble precio del carburante liquida la libre competencia entre las firmas del eje central. Ambos líderes alertaron que, ante la crisis internacional de tránsito en el Canal de Panamá, las firmas nacionales ya desvían sus flujos de carga hacia la mega terminal peruana de Chancay y otros puertos del Pacífico para eludir el colapso logístico interno provocado por el desabastecimiento crónico de combustibles.
La insurgencia de las bases populares y sindicales rebasó por completo los cercos operativos del Estado de excepción militarizado que rige en las carreteras. El ejecutivo nacional de los gremiales, César González, oficializó que un ampliado de emergencia unificó a comerciantes, transportistas y cooperativistas mineros para activar marchas a nivel nacional, alertando que el incremento condena a las laderas urbanas a una miseria extrema que ya impide cubrir los costos de alquileres, alimentos básicos y medicamentos.
La resistencia civil ya reporta acciones de fuerza coordinadas en cuatro frentes paralelos: el ultimátum definitivo dictado en Warnes por el Congreso Extraordinario de la CAO que otorga plazo al Ejecutivo hasta el domingo, el violento bloqueo y posterior reconquista civil del Puente San Pablo en Marbán, un masivo «tractorazo» con plazo de 48 horas ejecutado por productores de quinua real orgánica en Colcha K, y la reactivación formal de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba al mando del dirigente evista Vicente Choque, quien sentenció que el hambre popular no respeta decretos militares.
De esa forma, la viabilidad del plan gubernamental de hidrocarburos ingresa en fase terminal ante un país completamente movilizado.
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