- Mediante el Decreto Supremo 5697 se dispuso la fiscalización extraordinaria y transparente de la estatal petrolera; el proceso busca reestructurar la cadena logística, identificar redes de contrabando y deslindar responsabilidades penales.
La Paz, Innovapress, 2 sep 2026.- A través de la promulgación del Decreto Supremo 5697, el presidente Rodrigo Paz dispuso el miércoles (02.09.2026) la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días. La medida responde de forma directa a las severas deficiencias detectadas en la gestión operativa y administrativa de la corporación, factores que arrastraron un desabastecimiento crónico de diésel y gasolina en el país.
La normativa establece que el objetivo prioritario de la fiscalización es precautelar el interés público, recuperar la eficiencia institucional y fortalecer la cadena logística de importación y distribución de carburantes mediante mecanismos excepcionales de supervisión.
El decreto contempla que el plazo de 180 días podrá ser ampliado una sola vez por un periodo adicional de 90 días calendario mediante una resolución del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, siempre y cuando persistan las causas que originaron la contingencia, aclarando de forma taxativa que el proceso no implica la supresión de la empresa estatal, la modificación de su naturaleza jurídica ni la alteración de su estructura vigente.
El control de las operaciones petroleras quedará bajo la tuición directa de la Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria de YPFB, un bloque multidisciplinario de alta jerarquía compuesto por los ministros de Economía, Hidrocarburos, Obras Públicas y Producción Sostenible, además del Viceministerio de Transparencia y Seguridad Jurídica dependiente de la Presidencia.
Esta comitiva priorizará la fiscalización de las áreas de comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles importados, quedando facultada para incorporar peritos técnicos externos, consultores especializados y personal de auxilio técnico que asesore el rediseño global de los procesos internos de la estatal.
La comisión interventora tendrá la misión de recomendar auditorías técnicas profundas para identificar posibles redes de contrabando, desvío o acopio irregular de carburantes, así como individualizar las responsabilidades del personal administrativo involucrado.
El decreto supremo especifica que el equipo emitirá un informe de evaluación integral inicial en un plazo máximo de 30 días calendario y, en caso de detectar indicios de irregularidades u operaciones que hayan afectado la seguridad energética nacional, los informes conclusivos serán remitidos de forma directa ante el Ministerio Público, la Contraloría General del Estado y la Procuraduría.
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