- Con más de dos tercios de los votos, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ordenó tratar por tiempo y materia la reforma del artículo 25 de la Ley 260. Ambas cámaras sesionan por separado para viabilizar la designación de un interino encargado de desmantelar la presunta red criminal en la Fiscalía.
La Paz, Innovapress, 2 oct 2026. — En la sesión que se instaló a las 10:30, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) abrió este viernes el camino legal para tomar el control de la sucesión en el Ministerio Público. Con el respaldo de más de dos tercios de los legisladores presentes, el pleno aprobó una resolución camaral que instruye el tratamiento por tiempo y materia de una ley corta destinada a modificar la Ley 260 Orgánica del Ministerio Público, creando la figura de un Fiscal General interino con plenas facultades de intervención.
La histórica sesión estuvo precedida por una interpelación de cinco horas en la que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo —acompañado por los titulares de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Justicia, Fernando Aramayo—, expuso los pormenores y el flujo de inteligencia del mega operativo nacional que descabezó a la cúpula judicial, derivando en la captura de Roger Mariaca, Alberto Zeballos y el fiscal superior Martín Irusta.
Tras concluir el informe gubernamental, el presidente del Senado y actual conductor de la ALP, Diego Ávila, declaró un cuarto intermedio y ordenó que las cámaras de Diputados y Senadores sesionen de manera independiente y por tiempo y materia para agilizar la aprobación del proyecto normativo antes del cierre de la jornada.
“Queda aprobada la resolución. Vamos a proceder de la siguiente manera: se declara cuarto intermedio y, durante ese espacio de tiempo, las cámaras deberán sesionar por tiempo y materia para el tratamiento de los proyectos de ley”, sentenció Ávila.
El contenido de la reforma
La propuesta de ley corta consta de un artículo único que incorpora el Parágrafo VI al Artículo 25 de la Ley N° 260. El texto legal diseñado por el oficialismo establece que, ante indicios de delitos ordinarios cometidos por la máxima autoridad fiscal, la Asamblea podrá disponer su suspensión definitiva mediante mayoría absoluta, rompiendo el orden de prelación vigente que favorecía a los fiscales departamentales más antiguos.
De acuerdo con el borrador que ya se debate en las comisiones de ambas cámaras, la norma otorga a la nueva autoridad interina la misión específica y directa de constituirse en un interventor de la estructura del Ministerio Público.
El texto del proyecto dispone que el Fiscal General Interino “tendrá como misión prioritaria desmantelar toda estructura criminal que esté vinculada a la causa de la suspensión definitiva, con plenas atribuciones para realizar las acciones necesarias conducentes a este fin”.
Asimismo, el documento detalla que contará con prerrogativas especiales para la reasignación de responsabilidades internas, la conformación de equipos especializados de investigación y la petición formal de cooperación internacional.
Tensión en los pasillos
El viraje legislativo se da en un contexto de extrema susceptibilidad política. Fuentes legislativas confirmaron que el tratamiento exprés busca frenar en seco la asunción autoproclamada de Luis Montaño desde Sucre, a quien el Ejecutivo acusa de usurpar funciones.
Mientras las bancadas de oposición advierten que vigilarán que el procedimiento no sea utilizado para un copamiento partidario de la justicia, los asambleístas del oficialismo aseguran que la gravedad del caso Marset exige medidas excepcionales para recuperar la institucionalidad del Estado.
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