- Un polémico inmueble en Sucre, posturas encontradas en el Consejo de la Magistratura y la salida del país del titular del TSJ marcan el avance de las investigaciones sobre presuntas redes de influencia en la Justicia.

Sucre, Innovapress, 10 nov 2026.- Los presuntos nexos entre el exfiscal general Roger Mariaca, el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y el titular del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, desataron una profunda crisis interna en la entidad encargada del control y administración del Órgano Judicial. El caso tomó mayor relevancia tras conocerse la existencia de un inmueble clave en Sucre y posturas institucionales contradictorias emitidas en cuestión de horas.
Según las indagaciones sobre el caso, el departamento 17-B del edificio Rolex en la capital chuquisaqueña —registrado a nombre de un asesor de la Presidencia del Consejo bajo la matrícula 1.01.1.99.0067127 de Derechos Reales— habría sido presuntamente alquilado por dicho funcionario al fiscal Martín Irusta en representación de Mariaca.
Diversas fuentes señalan que el lugar funcionaba como punto de encuentro de las tres altas autoridades cruceñas que encabezaban la Justicia y el Ministerio Público.
Investigación en curso y supuestas renuncias
La situación provocó la reacción directa del Órgano Ejecutivo a través del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien confirmó desde Santa Cruz que el Estado indaga la extensión de estos vínculos hacia la estructura judicial.
“Esta es una red que tiene tentáculos y conexiones con muchos jueces y fiscales, incluso con la Magistratura. Estamos investigando eso. Por eso, reiteradas veces, estemos atentos a lo que van haciendo jueces y fiscales”, aseveró la autoridad.
A este escenario se suma la supuesta dimisión del director de Transparencia del Consejo de la Magistratura, José Fernando Rioja —designado en el cargo por Spencer—, hecho no fue oficializado por la entidad rectora en Sucre.
El conflicto se desarrolla en medio de la ausencia del expresidente del TSJ, Saucedo, quien el pasado 3 de noviembre anunció públicamente haber salido de Bolivia junto a su entorno familiar hacia un destino no especificado, argumentando presuntas amenazas contra su libertad y su vida.
Magistratura
Por su parte, el Consejo de la Magistratura exhibió este lunes una severa fractura interna al difundir dos comunicados oficiales con posturas encontradas en un lapso de dos horas.
El primer pronunciamiento institucional desmintió categóricamente que algún asesor de la Presidencia hubiera realizado el alquiler del inmueble, calificando las publicaciones como “afirmaciones carentes de sustento que buscan afectar la imagen institucional”.
Sin embargo, dos horas más tarde, el decano Manuel Baptista y la consejera Paula Araoz emitieron un segundo comunicado desautorizando el documento inicial. Los consejeros aclararon que el primer texto no fue sometido a consulta ni aprobación de la Sala Plena y sostuvieron que ninguna autoridad debe anticipar conclusiones sobre hechos bajo investigación.
En el escrito, Baptista y Araoz recalcaron que “corresponde al Ministerio Público, con la participación de la Policía Boliviana, esclarecer las circunstancias denunciadas, verificar los posibles vínculos de autoridades, asesores, funcionarios o particulares y determinar, cuando corresponda, las eventuales responsabilidades individuales”, remarcando que la institución no puede sustituir la labor de los investigadores.
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